Castilla-La Mancha pide al Gobierno que prohíba el «fracking»

Martínez Arroyo ha instado en Molina de Aragón (Guadalajara) al Gobierno central que haga «una prohibición taxativa» de la práctica de fracking en toda España, ya que tiene las competencias específicas en materia de energía, según ha informado en una nota de prensa la Junta de Comunidades. Ha abogado por esta prohibición, «al menos hasta que no tengamos garantías de que no hay ningún problema para la salud pública y para el medio ambiente».

El titular de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural ha hecho esta petición durante su visita a Molina de Aragón, una de las zonas afectadas por los proyectos de fracking que pretendían implantarse en la región «y a los que no se puso freno durante la anterior legislatura». En este sentido, ha recordado que Castilla-La Mancha será territorio libre de fracking a partir del 9 de marzo , una vez que la Mesa de las Cortes dé luz verde a la ley elaborada por el Gobierno regional para hacer inviable en la práctica la fractura hidráulica en la región.

El consejero ha valorado que, para sacar adelante esta iniciativa, el Gobierno regional ha contado con el apoyo del grupo parlamentario Podemos y ha confiado en que el PP «se sume también a la prohibición del fracking en Castilla-La Mancha», para conseguir alejar de manera definitiva estos proyectos de la región. Asimismo, ha agradecido «el esfuerzo y el trabajo» de las plataformas que se crearon en su momento para luchar contra el fracking en Castilla-La Mancha y que han contribuido «a que esta iniciativa haya llegado a buen fin».

Martínez Arroyo ha reiterado el Gobierno de Castilla-La Mancha no tiene competencias específicas para prohibir el fracking de manera directa, por lo que se ha elaborado una ley que «en la práctica» imposibilita el desarrollo de proyectos de fractura hidráulica. «Al menos, de momento, no tenemos ninguna garantía de seguridad», por lo que el Gobierno ha optado «por poner por delante de todo lo demás los intereses de los ciudadanos de la región».

En Castilla-La Mancha pretendían instalarse cinco proyectos de fractura hidráulica, que afectarían a las provincias de Guadalajara, Albacete y Ciudad Real, que con la iniciativa del Gobierno regional serán inviables en la práctica.