Las primeras elecciones convocadas por el Rey

Después, una vez aprobada la Constitución de 1978, en todas las ocasiones en las que se han disuelto las Cortes se ha aplicado el artículo 115 de la Carta Magna, que atribuye al presidente del Gobierno la «exclusiva responsabilidad» de proponer la disolución del Parlamento y obliga a fijar las fecha de las nuevas elecciones en el decreto de disolución.

Sin embargo, en esta ocasión, al ser las circunstancias excepcionales, se aplicaría por primera vez el artículo 99.5 de la Constitución, según el cual «si transcurrido el plazo de dos meses a partir de la primera votación de investidura, ningún candidato hubiere obtenido la confianza del Congreso, el Rey disolverá ambas Cámaras y convocará nuevas elecciones con el refrendo del presidente del Congreso».

Aunque el plazo para elegir presidente termina el 2 de mayo, Don Felipe ha convocado a los políticos con tiempo suficiente para cumplir con normalidad institucional los mecanismos que establece la Constitución, es decir, la celebración de la ronda de consultas y dos votaciones de investidura prescritas con un plazo de 48 horas.

En el caso de que Don Felipe constate que no hay ningún candidato, procedería a la disolución de ambas Cámaras y a la convocatoria de nuevas elecciones, «en el momento que constitucionalmente corresponda» . Es decir, el real decreto se publicará en el BOE el 3 de mayo y terminará la legislatura más corta de la democracia: 111 días.