Clavijo confiesa su «hartazgo» con el reparto de menores migrantes: «Están usando las leyes para ir en contra de los niños»

Ha explicado que esta mañana ha hablado con el ministro Torres y se han reunido también los servicios jurídicos. La parte del decreto ley, ha dicho, «estamos intentando que los plazos se vayan cumpliendo para que no se produzcan retrasos» y en cuanto al cumplimiento de la sentencia del de la medida cautelar positiva del Tribunal Supremo, «no estamos de acuerdo».

El Gobierno de España «sigue insistiendo en que no tiene capacidad y nosotros seguimos diciendo que el auto se debe cumplir» y Canarias ha presentado alegaciones. «Si el Gobierno de España no tiene capacidad, imaginemos Canarias, que somos una comunidad autónoma y que estamos bajo un nivel de saturación que hace que cada día que pasa estamos vulnerando los derechos de los menores» porque no se pueden cumplir con las condiciones adecuadas.

Ha insistido en que es «una tomadura de pelo para los menores y para una medida cautelar positiva que daba 10 días para que se integrasen esos 1080 menores en el sistema de protección nacional». Este sistema, ha apuntado el presidente canario, supone que el menor cuando cumple los 16 años tiene un permiso de trabajo y una documentación con la que poder moverse, que es algo que se les está negando y por tanto «se están vulnerando sus derechos».

Para Clavijo, «el auto es muy claro, es un acto administrativo que ya le reconoce unos derechos a esos menores», ya que independientemente de que después Canarias »va a colaborar para que esos menores puedan ir saliendo acorde a las realidades de cada uno de ellos», evaluando cada caso «no se entiende es que el Estado no los haya integrado en la red de protección».

El presidente del Gobierno canario ha asegurado que el gobierno de Cantabria (PP) «pierde el tiempo» al solicitar la repatriación de 18 menores extranjeros no acompañados de los 26 que tutela en su territorio.

«Muestran un desconocimiento absoluto de las leyes españolas, y creo que demuestran también cierto desprecio por los derechos de los menores», que «tienen que ser escuchados, por lo que »no se lo va a autorizar ninguna fiscalía«.