Un 15% de los canarios no tiene sus necesidades básicas cubiertas

Según recoge un informe de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales elaborado con datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), en España casi 4 millones de personas (3.918.872) tienen carencias materiales graves en España pero solo 1,5 millones de personas reciben ayuda para cubrir necesidades básicas.

Aún por detrás de los 127 euros al año de ayuda en Canarias, está Andalucía y Madrid como las comunidades autónomas que menos dinero destinaron para cubrir necesidades básicas, un 40,2% del total de las personas con graves dificultades materiales. De media, una persona en España recibe en ayudas unos 172,67 euros, aunque depende de la comunidad, ya que mientras en Murcia la cifra es de 3.622 euros por perceptor, o 1.000 euros de media en Aragón o Castilla-La Mancha en Canarias es 127, en Andalucía 75 y 87 euros en Madrid.

La asociación añade que el Ingreso Mínimo Vital (IMI), las rentas de inserción de las CCAA y las ayudas de emergencia social que ofrecen las entidades locales, fundamentalmente ayuntamientos, son los recursos que tienen estas familias para cubrir estas necesidades tan básicas por parte de las Administraciones públicas

Sin embargo, Directoras y Gerentes de Servicios Sociales denuncia «el entramado burocrático innecesario y cruel, que dificulta a cientos de miles de familias que lo necesitarían, percibir el IMV«. Además, denuncia que el número de beneficiarios de las Rentas Mínimas de Inserción de las CCAA (RMI) se redujo en 150.000 personas en 2021 respecto a 2020 y afirma que solo el 7,1% de la población que vive bajo el umbral de la pobreza en España (645.317 personas) se beneficia de estas RMI.

La asociación vuelve a enumerar las diferencias por territorios en esta cobertura: en La Rioja, el número de perceptores (21.386) es superior al de personas con dificultades materiales graves (16.626); y en Cataluña existe una cobertura del 71,48%, frente a Cantabria con un 0,12%, Murcia con un 0,09%, o Galicia, con un 1,81%.

Por todo ello, Directoras y Gerentes de Servicios Sociales subraya que, aunque muchas entidades locales han incrementado sus presupuestos destinados a ayudas de urgente necesidad en los dos últimos años, «los procedimientos burocráticos y la rigidez de las intervenciones municipales limitan el acceso o retrasan el cobro y, por tanto, la eficacia de las ayudas». En este sentido, lamenta que hay ayuntamientos que pueden tardar hasta dos meses en dar una ayuda de urgencia social y las trabas a la hora de justificarlas ante la intervención «son dificultosas y humillantes».

A su juicio, «la estricta interpretación de la norma, que considera estas ayudas como subvenciones», es una de las causas de esta situación, por lo que urge modificarla o interpretarla de manera menos rigurosa.

En general se considera que una persona está en situación de carencia material y social severa si declara tener carencia en, al menos, siete elementos de los siguientes: no puede permitirse ir de vacaciones al menos una semana al año; no puede permitirse una comida de carne, pollo o pescado al menos cada dos días; o puede permitirse mantener la vivienda con una temperatura adecuada; no tiene capacidad para afrontar gastos imprevistos (de 700 euros); ha tenido retrasos en el pago de gastos relacionados con la vivienda principal (hipoteca o alquiler, recibos de gas, comunidad) o en compras a plazos en los últimos 12 meses; no puede permitirse disponer de un automóvil; o no puede sustituir muebles estropeados o viejos.

Tampoco puede permitirse sustituir ropa estropeada por otra nueva; no puede permitirse tener dos pares de zapatos en buenas condiciones; no puede permitirse reunirse con amigos o familia para comer o tomar algo al menos una vez al mes; no puede permitirse participar regularmente en actividades de ocio; no puede permitirse gastar una pequeña cantidad de dinero en sí mismo y no puede permitirse conexión a internet.