La (también) Canarias vaciada de la que nadie habla

El lugar menos poblado de Canarias es Betancuria, en la isla de Fuerteventura, con 758 habitantes y la menor densidad de población ya que tiene 103,64 kilómetros de superficie. En las islas hay más de una veintena de 'pueblos fantasma', muchos de ellos por su orografía o su protección ambiental, otros por las dificultades de accesibilidad y varios de ellos por el abandono del campo y los oficios tradicionales.

En lo relativo a localidades, estas superan las 60, con Gran Canaria en cabeza, seguida de Tenerife, La Palma, La Gomera, y Fuerteventura y Lanzarote. Solo El Hierro, la menos poblada de las islas, tiene sin embargo habitantes dispersos en todas sus localidades.

Los Palmitos, El Lomito, El Carril, Perera, o El Estanco en Gran Canaria son algunos ejemplos de 'pueblos fantasma' aunque el censo oficial de localidades poco pobladas de Canarias está lleno de curiosidades fruto de la debacle burocrática como es el caso de la Isla de Lobos, que pertenece administrativamente a Lanzarote, donde durante años solo figura un único residente, alcanzando su máximo en 4 personas.

El Consejo de Ministros ha autorizado la distribución de 1,3 millones de euros a Canarias para impulsar actuaciones en municipios situados en zonas de reto demográfico, para acciones que estarán ligadas a la bioeconomía dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), así como a impulsar acciones de dinamización territorial cofinanciadas con cargo al Fondo de Cohesión Territorial.

En total, el Gobierno destinará a las comunidades y ciudades autónomas una inversión global de 55,7 millones de euros en dos líneas de inversión, cuyo reparto territorial deberá someterse a la ratificación definitiva de la Conferencia Sectorial de Reto Demográfico.

Esta línea de financiación busca proyectos que incentiven el uso sostenible de los recursos forestales en los municipios, generen empleo y revaloricen el territorio en su área de influencia, y las localidades beneficiarias tendrán que garantizar beneficios sociales en su ámbito de aplicación entre el 31 de diciembre de 2023, con un plazo máximo de ejecución hasta el 31 de mayo de 2026.

Aprovechamiento silvícola, ganadería extensiva, producciones forestales sostenibles como las de corcho, resina, biomasa, aceites, piñón, castaña, setas, trufas, apicultura, plantaciones medicinales o apicultura son algunos ejemplos.

También serán financiadas iniciativas en materia de turismo sostenible y compatible con la conservación del medio forestal, promoción de la capacitación en el ámbito forestal o la creación y fortalecimiento de pymes que desarrollen líneas de trabajo sobre aprovechamiento y protección del medio forestal.

Asimismo, la convocatoria también cubrirá las labores de restauración de zonas que hayan sufrido incendios forestales, siempre que favorezcan la recuperación de la actividad económica, se localicen en zonas vulnerables a la despoblación, respeten la recuperación ecológica del ecosistema e incorporen la dimensión del beneficio de la actuación para la población local y que generen oportunidades en el territorio.

Esta inversión impulsará medidas de ordenación del territorio que favorezcan un desarrollo local sostenible, abordará el desequilibrio territorial en el acceso a servicios públicos clave y promoverá actuaciones para incentivar la actividad económica y empresarial en zonas vulnerables al declive demográfico.