Siete personas en Canarias se acogieron a la eutanasia en su primer año en vigor

Todas las solicitudes tuvieron su origen en centros de la red pública del Servicio Canario de la Salud y, de ellas, cuatro se efectuaron en el ámbito hospitalario y tres en el propio domicilio del paciente, siempre respetando la voluntad de la persona. Además, en estos momentos hay dos solicitudes en estudio y otras dos peticiones cuyos expedientes se encuentran en proceso de inicio.

La ley también articula la posibilidad de solicitar esta ayuda con antelación, para aplicarla en un momento posterior , en el que ya no se disponga de capacidad de obrar. Este documento de instrucciones previas se denomina Manifestación Anticipada de Voluntad (MAV) y son inscritas en el Registro, con su correspondiente anotación en la Historia Clínica del SCS, tanto de Atención Primaria como de Especializada.

El consejero precisó que desde el inicio del Registro de MAV en Canarias, en 2007, se han inscrito 17.295 manifestaciones . De estas, 14.763 están activas actualmente y un total de 1.438 han sido registradas desde la entrada en vigor de la ley de regulación de eutanasia. De estas últimas, en 892 casos se ha manifestado el deseo expreso de que sí se le administre la eutanasia (6 de cada 10), frente a 71 en las que se establece la voluntad expresa de su no aplicación, y 388 en las que no existe manifestación al respecto.

Asimismo, de las 14.763 manifestaciones vigentes, en 3.069 se ha registrado la voluntad de recibir la eutanasia, en caso de cumplir con los criterios establecidos en la Ley para su aplicación, frente a 170 en las que se ha registrado el deseo expreso del otorgante de que no se le administre la eutanasia.

En su comparecencia parlamentaria sobre la incidencia y desarrollo en Canarias de la norma tras el primer año de la aprobación de la eutanasia, que con su entrada en vigor España se convirtió en el cuarto país europeo con una ley que legaliza la práctica de la eutanasia y el suicidio médicamente asistido, junto a Holanda, Bélgica y Luxemburgo. Actualmente, son cinco los países europeos en los que es legal, tras la aprobación en Austria, en enero del año en curso.

Entre los requisitos para que las personas puedan solicitar la prestación se establece que han de ser mayores de edad, capaces y conscientes en el momento de la solicitud, sufrir una enfermedad grave e incurable o un padecimiento grave, crónico e imposibilitante certificada por el médico responsable, y haber formulado dos solicitudes de manera voluntaria y por escrito, con al menos 15 días naturales entre ambas.

Asimismo, la norma determina los deberes del personal sanitario que atienda a esas personas, definiendo su marco de actuación, y regula las obligaciones de las administraciones e instituciones concernidas para asegurar el correcto ejercicio del derecho reconocido.

El consejero explicó que la ley reconoce la asistencia médica para morir, como un derecho individual y gratuito , incluido en la cartera común de prestaciones del Sistema Nacional de Salud, supervisado y realizado por profesionales sanitarios. En este sentido, explicó que este nuevo derecho «es garantista y para su realización se debe corroborar que se dan los supuestos específicos del contexto eutanásico recogidos en la Ley».

Para asegurar la calidad de la prestación, un grupo multiprofesional del SCS se ha formado para la aplicación de la Ley y durante este año la formación se extenderá a la totalidad de los profesionales. También se ha elaborado una 'Guía para la aplicación de la prestación de ayuda para morir en Canarias', un documento que define y desarrolla el procedimiento a seguir por los centros sanitarios.

Además, han sido necesario disponer otros 14 documentos para hacer efectiva la prestación de la eutanasia , que contienen la información y trámites en cada una de las fases del procedimiento, así como las páginas web de la Consejería y del SCS información completa sobre la eutanasia, derechos de las personas que deciden iniciar el proceso, y los trámites para solicitarla.

En este sentido, Blas Trujillo remarcó que «es fundamental que la persona que quiera iniciar un procedimiento de ayuda a morir comprenda la totalidad de la información , para que pueda prestar su conformidad libre, voluntaria, consciente y en pleno ejercicio y uso de sus facultades».