Paraísos fiscales

La elusión fiscal se produce cuando son aprovechados los recursos legales disponibles para pagar el menor número de impuestos posibles. Esto se puede hacer de diversas maneras y una de ellas es usando, legalmente, los paraísos fiscales. Existen estrategias muy distintas que conocen bien los profesionales de la asesoría. Las famosas Sicav (Sociedades de Inversión de Capital Variable) se caracterizan por una baja tributación (1%) siempre y cuando no repartan sus beneficios entre sus accionistas, caso contrario tributarían por su tipo marginal. Por supuesto que pagan impuestos y la alternativa no es su prohibición para aumentar la recaudación del Estado, sino poner en fuga a esos ahorradores que buscarán países no tan hostiles con el ahorro privado.

Con más eficacia que razón, se incide en la vinculación de los paraísos fiscales con actividades irregulares, como si todo el dinero allí depositado fuese de procedencia ilícita, algo que casa mal con la realidad a pesar de ser lo intuitivo. Según un estudio de la Universidad de Basilea sobre crimen, terrorismo y lavado de dinero, solo hay un paraíso fiscal (Antigua y Barbuda) entre los territorios investigados (30).

Otra cuestión distinta es la razón de la existencia de lugares de baja tributación a lo largo y ancho del mundo. ¿Qué tienen en común Mónaco, Suiza, Luxemburgo, Andorra o Liechtenstein? Unos estándares de desarrollo muy elevados, una baja tasa de desempleo y una administración menor y más eficaz, además de ser lugares donde iniciar un negocio no supone un esfuerzo económico y burocrático desalentador. Es decir, lugares que son paraísos en vez del infierno en que hemos convertido nuestro territorio, mucho más tras la reciente subida de impuestos decretada por el gabinete de Paulino Rivero, a la espera de nuevas subidas impositivas por el resto de administraciones, nacionales o locales. Unos elevados impuestos, acompañados por el sentir general de que son usados de manera negligente y que en absoluto responden a las necesidades más acuciantes, pero que sí se usan de manera exclusiva en servir los intereses de los administradores, son el mejor estímulo para la elusión y hasta la evasión fiscal. Al final, eso sí, les quedará el magro consuelo de seguir saqueando las nóminas de los funcionarios y las de aquellos que no podemos evitar que nos metan la mano en el bolsillo. Mientras, seguiremos manteniendo una elefantiásica organización administrativa que no nos sirve para nada y que, además, no podemos pagar. Debe ser cosa del paraíso del que presumimos en Canarias.