La reforma tributaria actualiza el IGIC y el REF para la lucha contra el fraude

La Comisión ha aprobado el proyecto de ley de Medidas Tributarias para la consolidación de las finanzas públicas que introduce un nuevo gravamen para los premios de lotería superiores a 2.500 euros y crea una «amnistía inmobiliaria» para regularizarse en el Catastro a cambio de una tasa de 60 euros.

Tras debatir las enmiendas de la oposición, la Comisión ha incorporado cuatro cambios al proyecto de ley , que ahora inicia su tramitación en el Senado. En concreto, la Comisión ha aprobado una enmienda de CiU, otra de CC-NC y dos de CC-NC transaccionadas con el resto de grupos parlamentarios.

La norma, que pretende estar en vigor el 1 de enero, pasa ahora a la Cámara Alta , donde los grupos también presentarán y debatirán enmiendas a la ley. Si alguno de los cambios del Senado prospera, tal y como ha ocurrido en el Congreso, el proyecto tendrá que volver a la Cámara Baja para ser aprobado de forma definitiva.

La norma establece un nuevo gravamen del 20 por ciento para los premios de loterías superiores a 2.500 euros siempre y cuando procedan de una apuesta o participación de, al menos, 50 céntimos. Además, el proyecto de ley anula las desgravaciones por compra de vivienda , la limitación de las bonificaciones del Impuesto de Sociedades y la continuidad del Impuesto de Patrimonio en 2013.

Por otra parte, se introduce un proceso de regularización de bienes inmobiliarios en el Catastro según el cual quienes no tengan al día la información en dicho registro deberán satisfacer las cuotas pendientes de pago y una tasa de 60 euros (que desaparecerá una vez finalice el proceso de revisión), pero no sufrirán ninguna multa .

Asimismo, se abre la posibilidad de que las empresas sujetas al Impuesto sobre Sociedades, los contribuyentes del IRPF que realizan actividades económicas y los del Impuesto sobre la Renta de No Residentes que operan en territorio español realicen una actualización monetaria de su último balance a lo largo de 2013 con el objetivo de «adaptar los valores contables» al IPC y evitar tensiones inflacionistas.