Canarias no controla la ética empresarial con mujeres y niños en África occidental

Socorro hizo esta consideración en declaraciones a ABC tras participar en un foro especializado en Responsabilidad Social Empresarial (RSE) que este lunes contó con la presencia del consejero de Economía del Gobierno de Canarias, Pedro Ortega , y la consejera canaria de Empleo, Cristina Valido . En este acto, hubo presencia del técnicos del Icex y del Pacto Mundial de la ONU.

El seminario se llamaba «Internacionalización y RSE en la empresa canaria» y Socorro disertó sobre «Importancia de la RSE en el proceso de Internacionalización». Sobre si el Gobierno de Canarias hace seguimiento y controles de integridad ética a directivos o comerciales de empresas insulares a las que la Administración autonómica financia, se mostró incómodo para responder.

Sentenció que este asunto no lo puede auditar la Administración porque entra en la esfera de la responsabilidad de cada directivo que se desplaza, por ejemplo, a África. Dijo desconocer la existencia de códigos en entidades internacionales que operan en África occidental y que, de forma voluntaria, tienen mecanismos de control .

Cuestionado si a efectos preventivos el Gobierno de Canarias aplica controles, Socorro respondió que no y que es un asunto que nunca se ha tratado. De acuerdo al «Principio 5» del Pacto Mundial de la ONU, «el término trabajo infantil no debe confundirse con empleo juvenil o trabajo de los estudiantes. El trabajo infantil es una forma de explotación que constituye una violación de los derechos humanos y es reconocido y definido por organismos internacionales».

El viceconsejero canario de Economía explicó que la Administración autonómica no tiene margen de maniobra para controlar lo que se hace con dinero público en África occidental en materia de corrupción y sobornos salvo las obligatorias que tiene por mandato legal en suelo de las islas. Agregó que hay un «muy estricto control y de forma permanente a todo gasto» derivado de ayuda pública para que empresas insulares capten nuevos mercados en África.

El punto 10» del Pacto Mundial de la ONU, recoge: «Compromete no solamente a evitar el soborno, la extorsión y otras formas de corrupción, sino también a desarrollar políticas y programas concretos que aborden el tema de la corrupción. Se les plantea a las empresas el reto de unirse a los gobiernos, agencias de la ONU y a la sociedad civil por una economía global más transparente». Transparencia Internacional define la corrupción como: «el abuso del poder encomendado para el beneficio propio ».

De otro, el viceconsejero de Economía de Canarias, Ildefonso Socorro, afirmó que analizará los avances en materia de lucha contra la corrupción en empresas públicas. En las islas, solamente una empresa del Gobierno de Canarias ha comenzado a trabajar en esta materia estableciendo mecanismos preventivos. La norma es obligatoria desde 2016.

En concreto, Gestión del Medio Rural de Canarias, S.A., implanta este 2017 de forma voluntaria un sistema integral de prevención y cumplimiento normativo, como adelantó ABC el pasado mes de julio. Es decir: la empresa del departamento de Narvay Quintero es de las primeras en las islas en crear un protocolo de conducta para la prevención de actitudes delictivas y el fomento de cultura corporativa acorde con valores sociales incompatibles con el fraude. Hay una empresa pública canaria con problemas contables por proyectos internacionales en fase de investigación en el extranjero.

El viceconsejero aseguró desconocer los avances de GMR y también la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, que introdujo en el ordenamiento jurídico de nuestro país la responsabilidad penal de las personas jurídicas para dar una respuesta más eficaz al avance de la criminalidad empresarial , fundamentalmente en el marco de la delincuencia económica. Y que afecta a las sociedades mercantiles públicas.

Socorro explicó que las empresas públicas tienen un control muy estricto «y eso se hace desde Intervención» ya que «todas esas sociedades están auditadas». La tesis de la Fiscalía General del Estado (FGE) es preventiva y no reactiva. En 2016, se lanzó una circular sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas conforme a la reforma del código penal efectuada por ley orgánica 1/2015.

Con este documento de la FGE, se han impartido instrucciones a los fiscales territoriales para valorar la eficacia de los planes de vigilancia corporativa en las empresas que, tras la reforma de 2015, se configuran como una eximente de la responsabilidad penal . Los planes de «compliance» apuestan por una fórmula de «autorregulación voluntaria» en la lucha contra la delincuencia de empresa donde se aboga por «una verdadera cultura ética empresarial», indica la Fiscalía.