Boye, ante el Supremo: no aplicar la amnistía a Puigdemont sería «arbitrario, ilógico y absurdo»

En su escrito, que responde al trámite de informes del que dio traslado LLarena, el abogado Gonzalo Boye se adelanta a la posible exclusión de malversación en la aplicación de la ley y sostiene que «identificar del propósito de enriquecimiento con el ánimo de lucro resultaría contrario a la jurisprudencia inveterada de esta Sala, que, desde hace décadas, viene subrayando la distinción entre el propósito de enriquecimiento y el ánimo de lucro". »No solo no se ha identificado con el ánimo de lucro, sino que la Sala, en su auto de 26 de junio de 2023, dictado en esta misma causa especial, entendió que, en el caso de los acusados —pese a sostener la extravagancia de que había existido ánimo de lucro—, no se daba el propósito de enriquecimiento«.

A su juicio, es «evidente» que el artículo 1 de la ley de Amnistía «no solo ha querido aclarar, en su apartado primero, que únicamente el propósito de enriquecimiento —y no el más amplio ánimo de lucro— puede dar lugar a la exclusión de la aplicación de la amnistía».

«No es posible identificar, sin caer en una interpretación manifiestamente arbitraria, ilógica, absurda e irracional de la norma, con la propia aplicación de fondos públicos a promover o procurar la celebración de dicho referéndum, que el legislador ha querido excluir expresamente del concepto de enriquecimiento«.

El letrado pide también el alzamiento de las medidas cautelares que pesan sobre el líder de Junts, en concreto la orden busca y captura e ingreso en prisión acordada el 12 de enero de 2023.

«En la ponderación de los derechos en juego, es evidente que debe primar el derecho a la libertad personal. En el caso que nos ocupa, restringir la libertad personal sería manifiestamente contrario a dicho derecho fundamental, pues se estarían vulnerando los principios de proporcionalidad y necesidad. Esto va en contra de los criterios aplicables al caso establecidos tanto por el Tribunal Constitucional, como por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos«, apunta.