«Embriagados, los controladores creyeron que podían poner de rodillas al Gobierno»

Blanco ha dado bombo a la declaración de un antiguo portavoz de USCA, quien en 2009 consideró tan estratégico el sector al que pertenece que señaló que eran el único colectivo "capaz de derrocar a un Gobierno sin hacer una guerra". El ministro ha apuntado a continuación la estrategia de "presión y chantaje" que han mantenido, incluso remontándose a las Olimpiadas de Barcelona de 1992, "ganando pulsos a AENA" desde entonces, pasando a continuación a señalar que cobraban hasta la pasada Semana Santa 323.000 euros de media, el doble que los alemanes y el triple que sus homólogos británicos. Según Blanco, solo tres meses después de acordar un convenio para los controladores, se tomaron acuerdos modulares para prolongar la jornada de los trabajadores y computar un promedio de 600 horas al año, con lo que se llegó a dar el caso -ha apuntillado Blanco para ejemplificar los "privilegios" acomodados en el sector- de un controlador en la torre de Barajas que cobró nada menos que un millón de euros en concepto de horas extra (concretamente, haciendo 1.200 horas adicionales a su jornada ) en el año 2008. Hacían horas extra, según el ministro, y siempre bajo la amenaza de colapsar el tráfico aéreo si no se les retribuía adecuadamente. El ministro ha cargado las tintas contra USCA, que "vendía" a sus afiliados que AENA mantenía una posición "inmovilista" sobre la negociación de sus condiciones.

Ya en 2010, y tras la reforma del sector planteada por el Ministerio (que estuvo negociando entre los pasados 11 de enero al 28 de enero de este año), se ha conseguido reducir los costes de navegación de 1.100 millones de euros en el ejercicio precedente a 480 millones, que será el coste en el presente.

"Había que tomar medidas complementarias a la vía negociadora -agotada , ha parafraseado Blanco la sentencia emitida sobre el sector por la Audiencia Nacional el pasado 10 de mayo- si queríamos cumplir con nuestro objetivo de regular el sector y transformar la navegación aérea". Por ello, y siempre por boca del ministro, se adopta el 5 de febrero un Real Decreto que reformaba la situación del sector, en vistas de que los controladores nunca habrían aceptado rebajar sus condiciones. Según Blanco, la Audiencia Nacional apoya la intención del legislador y las medidas se transformaron en ley en el Congreso. "Se liberalizó el sector, se abrieron a la competencia las torres de control, reducir los costes de la navegación aérea y favorecer la entrada de nuevos controladores con el impulso a la formación", ha sintetizado Blanco las "virtudes" de las medidas instigadas por el Ejecutivo. La ley limita el número de horas extraordinarias a las 80 que permite el Estatuto de los Trabajadores y no las 600 anteriores, que se pagaban al triple de una hora normal, ha subrayado el ministro. En 2008, ha enfatizado Blanco, los controladores computaron 1.369.000 horas extraordinarias, que costaron 370 millones de euros (casi 60.000 millones de las antiguas pesetas); mientras que este año llevan un total de 18.000, con un coste de 2,5 millones de euros (416 millones de las antiguas pesetas). Con estas cifras en la mesa, el responsable del ramo ha querido evidenciar el "recorte" emprendido por el Gobierno en el sector, en un año en el que también se ha metido la tijera a las infraestructuras ferroviarias y de carreteras. El Gobierno mantuvo 19 reuniones con la cúpula de USCA entre el 14 de abril y el 31 de julio, al tiempo que los representantes de los controladores se sentían tan denostados por el Real Decreto del 5 de febrero que interpusieron algo más de 200 recursos , de los cuales ya se han resuelto una cincuentena y todos, al decir de Blanco, "han ratificado la constitucionalidad" de la ley . El responsable gubernamental también ha incidido en que los controladores venían calentando y promoviendo el malestar, puesto que se observaban tasas de abstencionismo laboral de un 15% de media y un 25% en algunas dependencias.

"No es cierto que no haya suficientes controladores -Blanco ha puesto el grito en el cielo frente a las quejas del sector-, ya que somos el segundo país europeo con más controladores después de Francia y el cuarto en volumen de tráfico aéreo". Según ha añadido el ministro, además, se certificó a través de los centros médicos que en los meses anteriores al caos del Puente de la Constitución "siete de cada diez bajas de los controladores eran injustificadas". En el capítulo de salud, se ha seguido el protocolo del Reino Unido, uno de los más avanzados de Europa, ha concretado Blanco, quien no ha obviado la "amenaza" de paro ya bosquejada por el sindicato USCA de los controladores el pasado mes de julio, que "logró reconducirse", ha dicho. Blanco ha descalificado la falta de palabra de USCA, cuando en agosto se comprometió "a mantener la normalidad operativa", y solo dos meses después incumplió esa promesa. El ministro del ramo ha desgranado, como ya lo hiciese el presidente del Gobierno en su comparecencia extraordinaria del pasado jueves, el "precedente" al plante masivo que se situó en el aeródromo de Lavacolla, en el aeropuerto de Santiago. Los controladores descontentos ya habían obligado a cerrar el espacio aéreo gallego en la noche del 28 al 29 de noviembre, ha comunicado hoy el ministro. Ya metidos en las horas del caos, que dejaron sin su puente festivo a cientos de miles de personas, Blanco no ha soslayado que "los impulsores del sabotaje ya tenían planificada su hoja de ruta para llevar el chantaje al Estado hasta el último extremo". "Los controladores son los únicos responsables del cierre del tráfico aéreo español", ha repetido el ministro, "organizados en asambleas" como la del Hotel Auditórium de Madrid, próximo al aeropuerto de Barajas, que fue la más numerosa. En paralelo, Fomento activaba los comités de crisis en todos los aeródromos, se recomendaba a los pasajeros que no fuesen a los aeropuertos y se reforzaron medios alternativos de transporte. "Gestionamos la puesta en disposición de 10.000 plazas adicionales, y Renfe ofertó otras 14.000 adicionales", ha señalado el ministro.

Ha relatado el órdago de los controladores, planteado a las 19.00 horas del día 3: el secretario de Estado de Transportes se reúne con los representantes de USCA, en la que estos presentaron una propuesta de convenio colectivo para recuperar los privilegios de los que disfrutaban antes de la ley de 2010. "Si firmáis este convenio, se termina todo", resumieron su ultimátum. No les importó, ha denostado con dureza el ministro, que miles de pasajeros estuvieran secuestrados en los aeródromos. "Esto ha sido un chantaje en toda regla de los controladores", ha vuelto a corear el titular socialista.

Blanco ha defendido el estado de emergencia decretado en el país por los dos Consejos de Ministros extraordinarios reunidos esos días 3 y 4 de este mes, a la espera de que esta tarde el Gobierno conozca el informe de Fomento y decida sobre la prórroga del estado de alarma en el Consejo de Ministros extraordinario que ha anunciado Moncloa hoy a las 11.00 para celebrarse seis horas después en una sala del Congreso de los Diputados. El titular de Fomento ha desglosado las sanciones que pueden acarrearle a cada controlador su decisión de abandonar el puesto de trabajo: una multa de 225.000 euros, la pérdida de la licencia de controlador, además de que en el ámbito laboral se han abierto 442 expedientes, que se van a llevar hasta el final, con un estudio caso por caso y que no dejarán a ningún trabajador que incumpliese con sus obligaciones "impune". A continuación, Blanco ha hecho hincapié en que "la reforma del sistema de navegación aérea no va a parar, porque es imprescindible", y ha anunciado la liberalización gradual de las torres de control de los 47 aeródromos españoles. La liberalización parcial comenzará con 13 torres que se sacarán a concurso para nuevos proveedores distintos a AENA "en las próximas fechas" y a partir de 2012 el resto.

El ministro ha rematado su intervención destacando que el Gobierno sabía que no iba a ser un problema fácil, ya que llevaba enquistado varias décadas: "Los controladores, embriagados, han pensado que podían hacer todo, incluso poner de rodillas al Gobierno secuestrando a los ciudadanos". "Corresponde al Gobierno trabajar para que esto no vuelva a ocurrir y haya recaídas", ha culminado Blanco su hora y 45 minutos de comparecencia.