Baltasar Garzón pide a un Comité de la ONU que inste al Gobierno a restituirle como juez
El exmagistrado reclama una disculpa pública por parte del Estado tras el dictamen que tachó su condena de «arbitraria»
Baltasar Garzón quiere que el Gobierno le restituya en su puesto de juez y elimine sus antecedentes penales. También reclama una disculpa pública por parte del Estado y una indemnización por los daños materiales y morales sufridos por la sentencia del Tribunal Supremo que le condenó a 11 años de inhabilitación por prevaricar en el caso Gürtel y que hace un año el Comité de Derechos Humanos de la ONU dictaminó que era «arbitraria e imprevisible».
Garzón solicita ahora, además, que ese dictamen- de agosto de 2021- se publique en el Boletín Oficial del Estado. En él, el Comité señalaba que España estaba obligada a proporcionarle una «compensación adecuada por el daño sufrido». Tenía de plazo hasta el 25 de abril de 2022 para hacerlo. Como no ha habido una respuesta por parte del Estado, Garzón ha enviado un escrito al mismo organismo, en concreto al Relator Especial para el Seguimiento de los Dictámenes del Comité «instando a que el Gobierno cumpla con la obligación de otorgarle una reparación integral».
«Silencio del Estado español»
«Expresamos nuestra profunda preocupación por el llamativo desprecio de los derechos humanos y de la autoridad de mecanismos de la ONU que el silencio del Estado español representa», asegura el equipo legal de Garzón.
«El Gobierno español tenía un plazo de seis meses (hasta febrero de 2022) para cumplir e informar al Comité sobre las medidas adoptadas, pero solicitó una extensión hasta abril», explican en un comunicado. En este tiempo- aseguran- la abogada de Garzón, Helen Duffy, se ha puesto en contacto con el Gobierno «mostrando disposición de discutir formas constructivas de avanzar». Sin embargo, denuncian que el Estado «no ha mostrado ningún esfuerzo por abordar las graves cuestiones que sustentan este caso, ni por ofrecer ninguna forma de reparación por las violaciones identificadas por el Comité».
En agosto de 2021 el Comité de Derechos Humanos de la ONU dictaminó que Baltasar Garzón fue inhabilitado como juez por una sentencia «arbitraria» del Tribunal Supremo y pidió a España que borrara sus antecedentes penales y le proporcionara «compensación adecuada por el daño sufrido» en un plazo de 180 días.
El dictamen analizaba la condena a 11 años de inhabilitación que impuso el Supremo a Garzón en 2012 por prevaricar en el caso Gürtel al acordar escuchas que afectaban a conversaciones entre investigados y sus abogados. El Constitucional inadmitió su recurso contra la sentencia, que tampoco prosperó en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Garzón acudió al Comité, un grupo internacional designado por los países firmantes del que nuestro país es miembro.
España ha firmado el Pacto de Derechos Políticos y Civiles de la ONU y además, su protocolo facultativo, que reconoce la capacidad del Comité para evaluar y resolver sobre vulneraciones del acuerdo.
Sin embargo, según los expertos consultados, no existe en la normativa interna un mecanismo que articule el modo en que se acatan los dictámenes y no cabe revisión ni nulidad de la sentencia del Supremo porque además de que es firme, el Comité no es un tribunal.
No obstante para Garzón y de acuerdo con los estándares del derecho internacional y del mismo Comité, la reparación integral indicada por el Comité «habría de verse materializada».
«El Gobierno debe proporcionar la reparación exigida por la ley»
«Hace tiempo que el Estado español debería haber abordado las notorias violaciones establecidas en este caso. Debe proporcionar a Baltasar Garzón la reparación exigida por la ley y comprometerse activamente para evitar la manipulación del derecho penal y el ataque a la independencia judicial que representa este caso», asevera su abogada.
En el escrito también le piden al Comité de la ONU medidas para garantizar que casos como el suyo no se repitan, lo que incluiría- a su parecer- la modificación de la ley española.
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