La Asociación de Fiscales rompe relaciones con García Ortiz por vincular la actividad asociativa con los partidos políticos

En la misiva, a la que ha tenido acceso este diario, la AF señala que «ante las manifestaciones realizadas en los medios de comunicación que pone en duda la actuación independiente y profesional de las asociaciones de jueces y fiscales, acusándolas de estar politizadas y no respetando el trabajo que en ellas se realiza, la Asociación de Fiscales considera que se ha roto el marco idóneo y necesario para continuar los trabajos asociativos conjuntos para la elaboración de un nuevo Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal y, en consecuencia, acuerda levantarse de la mesa constituida al efecto por V.E.«.

El fiscal realizó las declaraciones a las que se refiere la AF pocas horas después del fallo del Tribunal Supremo que anuló el nombramiento de Dolores Delgado al frente de la Fiscalía de Memoria Democrática, una designación que había sido recurrida por la Asociación de Fiscales y por la Asociación Profesional de Independiente de Fiscales (APIF).

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Al ser preguntado sobre una posible complicidad entre los miembros de la judicatura y los partidos en el ejercicio de su profesión, lo descartó. «Yo no puedo decir que en el ejercicio de su profesión los miembros de la judicatura y los partidos políticos estén combinados». Sin embargo,sí admitió que «entre elementos corporativos dentro de las asociaciones judiciales y fiscales hay objetivos idénticos que los que tienen determinados partidos políticos«. Y eso, dijo, es »una evidencia«. Añadió también que »cuando la ley prohíbe a los fiscales y jueces formar parte de los partidos políticos o de los sindicatos, entendiendo el derecho a la representación sindical y el derecho a la participación política como dos derechos fundamentales, consagrados al principio de la Constitución, y dice que sí hay asociaciones profesionales, está intentando separar ambos campos de juego. Cuando se funden, a lo mejor estamos confundiendo un poco el foco«, reflexionó.

Como informó ABC, estas manifestaciones crearon un profundo malestar en la Asociación de Fiscales (AF) por arrojar «una sombra de sospecha sobre la actuación de las asociaciones« en un momento clave en el que se ha creado un grupo de trabajo para abordar la reforma del Estatuto fiscal que tiene que acompañar a la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que deja la investigación penal en manos de los fiscales en vez de en los jueces de instrucción.

El plantón de la AF se une así al que ya le dio el pasado 16 de abril la APIF, que tomó esta decisión apenas un día después de que García Ortiz asumiera la responsabilidad de la nota de prensa difundida por la Fiscalía de Madrid sin aclarar si la orden de difundir datos que afectaban al derecho de defensa del novio de Ayuso partió de él y cuando su número dos impuso a la fiscal a cargo de la querella del perjudicado informar en contra de su admisión. «La orden dada por la teniente del Supremo a la fiscal que se está encargando del asunto (...) a nuestro entender, se aleja mucho de la independencia que deben tener los fiscales para poder asumir la instrucción de las causas penales en España», argumentó la APIF.

Sin la AF y la APIF presentes en la redacción del nuevo Estatuto Fiscal, el panorama que se presenta para el fiscal general no es muy alentador, teniendo en cuenta que tendría que contar solo con la Unión Progresista de Fiscales (UPF), que, pese a ser la segunda en número de afiliados –200 respecto a los 650 de la AF– no deja de representar un porcentaje mínimo de los más de 2.600 fiscales que forman parte de la carrera. Más aún cuando sobre García Ortiz y sobre su predecesora en el cargo pende la acusación de haber favorecido sistemáticamente a fiscales de esta asociación en su política de nombramientos y ascensos.