Armengol, «indignadísima», asegura que el Gobierno balear fue víctima del caso Koldo

«Indignadísima estoy, no indignada», ha aseverado la presidenta del Congreso, ante los medios de comunicación. La empresa de Koldo García —entonces asesor de José Luis Ábalos en el Ministerio de Transportes y uno de los detenidos por la Guardia Civil el miércoles en el marco de la operación Delorme— contrató con varias administraciones públicas, entre ellas los Gobiernos autonómicos de Baleares y de Canarias, que en aquel momento estaban presididos por socialistas. Armengol, que era la jefa del Ejecutivo balear, se ha desvinculado por completo de la trama y ha presentado a su comunidad autónoma como afectada.

«Lo que me resulta absolutamente indignante es que nosotros seríamos afectados, para nada parte de nada relativo con corrupción ni con lucrarse en un momento tan complicado como es el que vivimos de la pandemia sanitaria», ha sentenciado, tajante, en una declaración de cuatro minutos. Lo que no ha hecho es responder a las preguntas posteriores de la prensa ni posicionarse sobre si el exministro Ábalos debe renunciar al acta de diputado, como le exigió Ferraz este lunes.

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Armengol ha definido la situación derivada por el caso Koldo como «vergonzosa» y ha aplaudido que el PSOE —empezando por el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que se desentiende de la trama que salpica al hombre de confianza de su amigo Ábalos— haya asegurado que mantendrá «tolerancia cero» con la corrupción. «La segunda cuestión por la que estoy muy indignada como expresidenta de la comunidad autónoma de Baleares es que se nos ponga al nivel de esta gente», ha añadido, desmarcándose por completo de las presuntas prácticas irregulares en la compra de mascarillas.

En su intervención ante la prensa, la socialista ha remarcado que todos los contratos se hicieron en un momento de emergencia, por la falta de material sanitario en pleno estallido de la pandemia del Covid-19, pero ha explicado que todas las informaciones que llegaban al Gobierno balear sobre mascarillas de China —el principal proveedor durante la epidemia—, fueran del Ministerio de Transportes, de otras instituciones o de empresarios, se enviaban al Servicio de Salud de las Islas Baleares (IB-Salut). El IB-Salut, ha continuado, «analizaba y contrataba» y el contrato en cuestión tiene «la fiscalización favorable» de la Intervención General de la Comunidad Autónomas de las Islas Baleares.

Según Armengol, como sucedió con las mascarillas compradas a través de la empresa de la trama, Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL, cuando su Gobierno tenía dudas sobre la calidad de los materiales adquiridos, los enviaba para su estudio al Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. «Cuando nos dijeron los análisis que no tenían la calidad que se había pagado, el Gobierno de Baleares reclamó en tiempo y forma que esa empresa devolviera una parte del dinero. Lo que yo exijo al actual Gobierno de Baleares es que ejecute ese expediente y consiga la devolución del dinero. Porque quiero dejar muy claro que cuando hicimos el traspaso de competencias a los dirigentes del Gobierno balear se les explicó que había que reclamarlo. Más transparencia, imposible», ha zanjado Armengol, pasando la pelota a la popular Marga Prohens.

Fuentes cercanas a Armengol detallan que las mascarillas encargadas eran FFP2, las que debía utilizar por seguridad el personal sanitario, y que se recibieron KN95, de una calidad inferior. Por ello, el Gobierno balear informó a la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL, en marzo del 2023, que se le iban a reclamar formalmente 2,6 millones de euros. Cuando terminó la legislatura, insisten estas fuentes, se le comunicó al actual Ejecutivo regional, del PP, la existencia de ese expediente. Estas mismas fuentes niegan cualquier presión del Ministerio de Transportes para contratar con la empresa de Koldo García.

Tras la reunión de la Junta de Portavoces, en rueda de prensa, el portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, Miguel Tellado, ha desvelado que le ha exigido explicaciones a Armengol, pero que la presidenta de la Cámara Baja no ha respondido a sus preguntas. El diputado popular, concretamente, cuestiona si Ábalos o García se pusieron en contacto con el Gobierno balear para que comprase mascarillas a través de la empresa de la trama y por qué Armengol tardó tanto en reclamar el sobrecoste del material adquirido, pese a que la Guardia Civil ya pidió al IB-Salut un informe en julio del 2022, tras haber detectado posibles estafas en otras comunidades autónomas.