Armengol ignora a PP y Vox y la reforma para retirar credenciales de prensa pasa ya al Pleno

A la polémica por el contenido de una de las reformas, que, entre otras cosas, plantea introducir un código de conducta con un régimen disciplinario que abre la puerta a retirar credenciales de prensa en caso de insultos, amenazas, grabaciones sin autorización o toma de imágenes en lugares prohibidos, se une ahora la del procedimiento. En la reunión de la ponencia designada para elaborar el informe de los cambios en la normativa interna de la Cámara Baja, la Mesa de la Comisión de Reglamento, de idéntica composición al órgano de gobierno del Congreso, vetó el debate de veinticuatro de las veintiocho enmiendas registradas por el PP y de la única de Vox.

La doctrina constitucional establece que no se puede aprovechar una ley para enmendar otra que nada tenga que ver y el PSOE y Sumar alegaron, para excluir las modificaciones propuestas por la oposición, que se trataba de enmiendas «intrusas». El PP y Vox, no obstante, zanjan que si se plantea cambiar el Reglamento, otra variación en ese mismo texto nunca puede entenderse como ajena. Los populares registraron un escrito de reconsideración el martes y la formación de Santiago Abascal, como adelantó ABC, pidió que se suspendiese la tramitación de la reforma hasta que se permitiese la discusión de su propuesta, además de solicitar un informe de los letrados y una copia del acta de la cita de la Mesa de la Comisión de Reglamento.

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La presidenta del Congreso, y por tanto de la Comisión de Reglamento, Francina Armengol, ha ignorado las peticiones y ha dirigido la sesión sin siquiera haber convocado la Mesa para estudiar las reclamaciones de la oposición. La diputada del PP Llanos de Luna ha pedido la palabra para denunciar que el informe de la ponencia viene «viciado de origen» por el veto a sus enmiendas «de forma arbitraria e injusta». El parlamentario de Vox Carlos Flores también ha denunciado la «aplicación irregular, por arbitraria», del Reglamento y ha pedido que se suspendiese el debate hasta que la Mesa discutiese los escritos de queja de la oposición y se permitiese que los grupos se posicionen respecto a sus enmiendas. Al término de la sesión, ha reclamado lo propio con el pleno del martes.

Entre otras cosas, el PP pedía que se introduzca en el Reglamento del Congreso la obligatoriedad de que se celebre anualmente el debate sobre el estado de la nación, así como fijar límites a la ampliación del plazo para registrar enmiendas, de modo que no se use subrepticiamente para bloquear iniciativas que no le interesan al Gobierno de turno. Vox, por su parte, reclamaba corregir la introducción de las lenguas cooficiales y hacer obligatorio el empleo del español en la Cámara Baja.

Por votar, PP y Vox han votado en contra incluso de la ratificación de los miembros de la ponencia, un formalismo previo al debate. Después, en las dos reformas, también se han posicionado en el no, aunque estérilmente. Ambas se debatirán el martes en el pleno extraordinario convocado. En la primera, sobre la introducción del lenguaje inclusivo en el Reglamento, y en la segunda, sobre la ampliación de supuestos para ejercer el voto telemático y las acreditaciones de prensa. En ese último punto, como era de esperar, es en el que ha habido más polémica, con el PP, Vox y UPN posicionándose en contra, al entender que abre la puerta a la «censura» y el resto de partidos defendiendo la necesidad de instaurar unos mínimos de convivencia.

La iniciativa parte de las reclamaciones de la Asociación de Periodistas Parlamentarios (APP), después de varias situaciones de acoso a periodistas por parte de trabajadores de EDATV y de 'Periodista Digital'. Tras meses de protestas, todos los grupos parlamentarios, salvo PP y Vox, impulsaron una reforma del Reglamento que establece un código de conducta y un régimen sancionador en caso de incumplimiento grave.

La diputada del PP Carmen Navarro ha advertido que «la indefinición del texto es peligrosa» y que la propuesta de reforma que se debate «abre la puerta a la censura, a la vulneración de los derechos fundamentales y a la degradación de esta propia cámara». Palabras similares a las empleadas por Alberto Rodríguez Almeida, de Vox, quien ha tachado la norma como «un atropello democrático, constitucional y que es una vergüenza».

El socialista Joaquín Martínez Salmerón ha citado en la línea opuesta un artículo de la periodista de 'El País' y presidenta de la APP, Anabel Díez, en el que esta defiende que el cambio legal no busca eliminar las 'preguntas incómodas', como presumen desde EDATV y 'Periodista Digital', porque los periodistas parlamentarios ya «cumplen con su obligación sin necesidad de acudir a la grosería, el acoso y la mala educación».

Desde Sumar, Francisco Sierra, periodista y catedrático «circunstancialmente diputado», ha dicho que la calidad democrática no puede amparar «el abuso, el insulto, la violencia y la agresión verbal». «Tenemos que hacer un reglamento para decir que los 'pseudomedios' no entren en los despachos, que no graben donde no se puede, que no acosen a los compañeros y que respeten el trabajo de los periodistas», ha aseverado Pilar Vallugera, de ERC.

El diputado de Junts Josep Maria Cervera también ha condenado «actitudes muy alejadas de los principios de buena educación», la portavoz de Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua —que trabajó en el diario proetarra 'Egin' y fue condenada por apología del terrorismo—, también ha cargado las tintas contra «unos pocos provocadores, agitadores y activistas ultraderechistas», y Mikel Legarda, del PNV, ha coincidido en la necesidad de «establecer normas básicas de convivencia y poner ciertos límites a ciertos comportamientos inaceptables».

Si nada cambia y no hay sorpresas, el martes se aprobará en el pleno la reforma del Reglamento: tendrá lenguaje inclusivo, será más laxo para conceder el voto telemático en casos de enfermedad o accidente familiar y abrirá la puerta, por primera vez, a retirar credenciales de prensa a quienes acosen, insulten y se salten las reglas internas de la Cámara Baja. En la Comisión de Justicia se ha aprobado una única enmienda, transaccionada entre el PSOE y el PNV usando como base una del PNV y dos del BNG, en la que se introducen prescripciones de la retirada de credenciales.