Los jueces frenan el pacto PSOE-Podemos para cerrar aulas católicas en Aragón

Esas 13 aulas corresponden a varios colegios católicos concertados, la inmensa mayoría de ellos en Zaragoza capital. El Gobierno aragonés anunció su intención de suprimir esas aulas como concertadas, en cumplimiento del pacto que suscribió previamente con Podemos para que, a cambio, el partido de Echenique apruebe los presupuestos de la Comunidad autónoma para 2017 .

De entrada, a falta de la orden de no renovación de esos conciertos educativos -orden que aún no ha llegado a dictar el Gobierno aragonés-, la Administración autonómica decidió excluir esas 13 aulas de la oferta pública de centros que rige el proceso de escolarización para el próximo curso, proceso que se abrirá dentro de una semana.

Este hecho llevó a los colegios afectados a presentar recursos contencioso-administrativos ante varios juzgados de Zaragoza, a los que -como primera medida- solicitaron que suspendieran cautelarmente la exclusión decidida unilateralmente por el Ejecutivo regional. Esta medida cautelar ha sido aceptada de forma unánime por los cinco juzgados a los que llegaron estos recursos.

Los magistrados de los juzgados contencioso-administrativo núemros 1, 2, 3, 4 y 5 de Zaragoza han dictado autos en ese sentido, con los que obliga a la Administración regional a seguir ofertando a todos los efectos esas aulas católicas dentro de la oferta pública de plazas para el próximo curso.

Los juzgados 1 y 2 se encuentran entre los primeros que se pronunciaron. Lo hicieron con sendos autos que suspenden la supresión del concierto educativo que el Gobierno aragonés pretendía llevar a cabo en el aula de primero de Infantil del colegio Virgen de Guadalupe , y en otra del colegio Sagrado Corazón . En el mismo sentido se pronunciaron también los juzgados números 3, 4 y 5 respecto a recursos planteados por otros seis de los colegios afectados.

Estas medidas cautelares suponen un primer tropiezo para los planes emprendidos por el Gobierno aragonés y que han generado una amplia contestación social, escenificada en la masiva manifestación de protesta que recorrió el centro de Zaragoza hace escasos días.

El Ejecutivo de Lambán sostiene que el cierre de aulas concertadas que quiere llevar a cabo está justificado en un descenso de la población escolar y, por tanto, en una menor demanda. Desde la enseñanza concertada y desde los partidos de la oposición, sin embargo, le reprochan que responde a motivos «ideológicos» .

A partir de ahora, el Gobierno aragonés queda forzado a volver a incluir esas aulas concertadas en la oferta pública de escolarización para el próximo curso. Todo ello mientras sigue adelante el proceso judicial sobre el fondo del asunto y se resuelve el litigio abierto entre el Ejecutivo autónomo y la enseñanza concertada. Todo apunta a que el caso acabará en manos de la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, que es el que deberá resolver el litigio cuando el Gobierno regional formalice la orden de no renovación de conciertos para las 13 aulas católicas que ha puesto en su punto de mira.