El Gobierno de Aragón pagará para evitar despidos en los colegios concertados

Este plan de recolocación lo ha empezado a negociar con los sindicatos tras anunciar, la semana pasada, que se van a suprimir 13 aulas en centros católicos , trece aulas que hasta ahora estaban sufragadas desde la Administración autonómica por la vía de los conciertos educativos.

Fuentes de la Consejería aragonesa de Educación han explicado a ABC que, de esa forma, la supresión de dichas aulas conllevará un ahorro económico intermedio, y no total : se seguirá pagando al profesorado que estaba ligado a ellas, pero se dejará de abonar al centro el denominado «módulo de concierto» , el dinero público fijado cada año para gastos de funcionamiento de cada aula concertada.

Es decir, la supresión de cada una de las 13 aulas concertadas que ha decidido el Gobierno aragonés no le ahorrará todo el dinero que le costaban hasta ahora, sino solo una parte.

En cualquier caso, las mismas fuentes han indicado que la decisión de suprimir aulas concertadas «no se ha basado en una cuestión económica, de ahorro, sino de reordenación de los recursos educativos para atender a la demanda de alumnado que existe actualmente». Es una medida -afirman- que responde a cuestiones demográficas, no económicas.

Desde la enseñanza concertada, sin embargo, consideran que el trasfondo de esta supresión de aulas radica en el pacto presupuestario firmados con Podemos por el Gobierno regional del socialista Javier Lambán. Acusan al PSOE de haberse plegado a las exigencias de Podemos para garantizarse «oxígeno político» y aprobar el presupuesto autonómico de 2017, y afirman que se trata de una medida que atenta contra el derecho de libre elección de centro educativo, por lo que han decidido recurrir judicialmente el plan emprendido por el Gobierno aragonés. La supresión de aulas en la enseñanza concertada desencadenó una masiva manifestación que recorrió las calles de Zaragoza el pasado 4 de abril .

Respecto a la recolocación de los profesores afectados por esta supresión de aulas, el Ejecutivo de Lambán afirma que supone cumplir con un acuerdo laboral que se firmó en el año 2006. La fórmula exacta con la que se llevará a cabo ahora todavía no se ha concretado. Se ha convocado a los sindicatos a una reunión para la próxima semana, a fin de avanzar en los detalles de esas recolocaciones. En cualquier caso, el Gobierno aragonés ha avanzado que se seguirá pagando a los centros para evitar despidos y que los profesores afectados por el cierre de aulas concertadas sean recolocados en el mismo colegio en funciones docentes como, por ejemplo, impartir clases de refuerzo.