«La amnistía a cambio de la investidura es una desviación de poder como el ascenso de Delgado o el cese de Pérez de los Cobos»

Nati Villanueva

Madrid

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22/11/2023 a las 18:54h.

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Los acuerdos del PSOE con los independentistas que han sido moneda de cambio para la investidura de Pedro Sánchez constituyen una «desviación de poder» como las que ha apreciado el Tribunal Supremo en el cese del coronel Pérez de los Cobos o en el ascenso de Dolores Delgado a fiscal de primera categoría. «Si fuera posible extrapolarlo a la investidura, sería nula por desviación de poder». Así lo ha asegurado esta mañana el abogado del Estado y exjuez del Tribunal General de la Unión Europea Rafael García-Valdecasas.

Durante su intervención en las jornadas sobre la amnistía que el PP organiza en el Congreso, García-Valdecasas ha defendido la legitimidad de esa investidura, pero se ha preguntado cuáles son los límites de la potestad legislativa del Congreso, porque ésta tiene que respetar la Constitución, pero también los principios generales del derecho de la UE. «Resulta difícil que se pueda garantizar la impunidad de políticos. No puede haber impunidad en los valores democráticos», ha dicho el jurista. Ha alertado, además, de que conceder una amnistía para evitar la alternancia política «supone utilizarla para un fin que no es el propio de esta medida» y que prescindir de informes preceptivos el Consejo de Estado, Consejo Fiscal o Consejo General del Poder Judicial sólo «pone de manifiesto la utilización torticera» que se está haciendo de esta proposición de ley.

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A su juicio, en el marco de esa visión internacional de la amnistía en la que se ha centrado su mesa de debate, la ley vulnera artículos del Tratado de la UE (igualdad, Estado de derecho, tutela judicial efectiva...) pero también la Carta de derechos fundamentales de la Unión, desde el momento en que se está dando un trato diferenciado a determinadas personas por formar parte de colectivos independentistas.

Ha recordado García-Valdecasas que hay varios cauces internacionales para hacer valer el derecho de la UE: la ya conocida cuestión de inconstitucionalidad, el recurso de incumplimiento (la Comisión Europea puede plantear al Tribunal de Justicia de a UE que declare el incumplimiento del derecho de la Unión por un Estado) o la suspensión por parte de un juez nacional de la ley en cuestión sin necesidad de plantear a cuestion prejudicial. Esta última opción, aunque factible, es una iniciativa arriesgada: se podría llevar a cabo ante la certeza de que el derecho de la Unión se impone de tal forma y tan claramente a la ley en cuestión que no deja duda razonable.

Por su parte, el doctor en Derecho Constitucional y exmiembro de la Comisión de Venecia Rafael Rubio, ha criticado, por inexactas, las referencias que la proposición de ley de amnistía hace a informes de esta comisión: «Aparece mencionada dos veces y las dos de forma equivocada». En la primera alusión que se hace la Comisión de Venecia ni siquiera intervino, sino que se trata de una recomendación del Consejo de Europa. En la segunda se hace mención a una reunión plenaria, que es tanto como «considerar un debate parlamentario como fuente de Derecho», ha ironizado el jurista. En opinión de Rubio, para la Comisión de Venecia hay tres límites claros a la ley de amnistía: no puede incluir crímenes internacionales, no se puede ignorar a las víctimas y el derecho a conocer la verdad. «La amnistía no pueden borrar la verdad» y tiene que cumplir con los principios de legalidad, igualdad ante la ley y no discriminación.

Tras confesar que le parece «escalofriante» que después de todo lo pasado en la Transición, esté sobre la mesa esta amnistía, el diplomático y embajador Javier Rupérez ha llamado a tomar medidas para evitar que esta discusión siga adelante y para que España siga siendo la patria común e indivisible de todos los españoles. En su opinión esto rebasa cualquier discusión jurídica y entra de lleno en el ámbito político. «¿Cómo es posible que después de la Constitución del 78 haya un Gobierno que esté considerando amnistiar a gente que tenía como finalidad hacer desaparecer los elementos esenciales de esa Constitución?», se ha preguntado. «¿De verdad estamos dispuestos a admitir que haya un relator internacional, que por problemas invesntados por fuerzas separatistas acabemos ante una comisión de Naciones Unidas?». Para Rupérez nos quieren hacer ver que hay un problema cuando la realidad es que «la situación es inexistente», no hay un conflicto sencillamente porque «este país no está dispuesto a partirse».

Rupérez se ha mostrado partidario de solucionar este problema sin necesidad de pedir ayuda a Europa. «Claro que hay una opción internacional pero esto esto es algo que tenemos que salvar nosotros» (...) Estamos en una situación crítica, nos corresponde volver a ser lo que fuimos cuando en 1978 aprobamos la Constitución que consagró la grandeza de España«.

Intervino también en el debate el miembro de la Comisión de Venecia y exministro de Exteriores de Croacia Ivo Stihr. Lo hizo por videoconferencia para poner de manifiesto que, aunque los independentistas catalanes pretendan establecer similitudes, la ley de amnistía de Croacia de 1996 no es comparable con esta proposición de ley. «No es oportuno ni acertado poner el ejemplo croata», ha dicho. Aquella ley, recordó el exministro, vino después de una guerra (una parte de la comunidad serbia en Croacia inició un proceso separatista apoyada por Belgrado) y además «las fuerzas separatistas renunciaron al proceso secesionista y se reintegraron al orden constitucional«.