A cuarenta y ocho horas de que la proposición de ley de amnistía supere el filtro del Congreso de los Diputados y a apenas unas horas de vencer las prórrogas del plazo inicialmente fijado para responder, la Abogacía del Estado fijó ayer su posición definitiva ... ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) sobre la sentencia del 'procés'. Lo hizo al contestar a las preguntas que Estrasburgo formuló a España tras admitir, el pasado mes de septiembre, el recurso de los nueve condenados por el Tribunal Supremo. Mientras independentismo y Gobierno sostienen que el 'procés' nunca tuvo que ser judicializado, los servicios jurídicos del Estado defiende la proporcionalidad de las condenas del Supremo y que se haya producido vulneración alguna del Convenio Europeo de Derechos Humanos, tal y como pretendían los recurrentes.
Según ha adelantado El Español y ha podido confirmar ABC, los servicios jurídicos del Estado señalan que la reforma del Código Penal de diciembre de 2022 que suspendió el delito de sedición y rebajó la malversación no afectan al fallo del Alto Tribunal, que estuvo ampliamente motivado. Las defensas se habían mostrado en contra de la interpretación que el Supremo hizo de este último delito, que se derivaron penas de inhabilitación de 12 y 13 años. De igual forma rechaza que la sentencia de la Sala Segunda del Supremo vulnerara los derechos de participación y reunión que el Convenio Europeo recoge en los artículos 10 y 11. Y es que una de las seis preguntas que Estrasburgo formuló a España estaba relacionada con esos derechos de reunión y participación por el «mero hecho de participar en manifestaciones en defensa del proceso de independencia».
La Abogacía del Estado recuerda además, en el caso concreto de Oriol Junqueras que éste adquirió la condición de europarlamentario de forma sobrevenida y concluido ya el juicio oral. Además del exvicepresidente de la Generalitat recurrieron ante el TEDH Raül Romeva, Jordi Turull, Dolors Bassa, Joaquim Forn, Josep Rull, Carme Forcadell, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart. Lo hicieron después de agotar en España la vía del Tribunal Constitucional, que confirmó las condenas del Supremo con los votos particulares de Juan Antonio Xiol y María Luisa Balaguer, que vieron desproporcionadas las condenas. Precisamente estos votos pusieron en bandeja el recurso al TEDH.
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