Torres-Dulce dedica su primera instrucción a Extranjería

Denuncia «errores» en la identificación de los menores inmigrantes en el Registro

NIEVES COLLI

09/04/2012 a las 02:14h.

El incumplimiento de sus obligaciones por parte de entidades públicas, la falta de coordinación entre cuerpos policiales y la escasez de medios son algunas de las causas de que la información que actualmente contiene el Registro de Menores Extranjeros no Acompañados sea «incompleta y, en ... algunos casos, errónea». Solventar estas disfunciones es el objetivo de la primera instrucción que Eduardo Torres-Dulce firma como fiscal general del Estado y que es de obligado cumplimiento para los miembros del Ministerio Público en toda España. La correcta identificación de los menores en el Registro, creado a principios de este siglo, no sólo permitirá al Gobierno «planificar» la política inmigratoria sino que, además, servirá para garantizar la tutela de esos niños, cuya situación de abandono les hace más débiles frente a la delincuencia, las redes de explotación infantil y el fraude.

El Reglamento de la Ley de Extranjería aprobado en 2011 atribuye a la Fiscalía General del Estado un nuevo cometido: la coordinación del libro Registro de Menores Extranjeros no Acompañados que se elabora por la Policía y la Guardia Civil a efectos exclusivos de identificación. Para asegurar el cumplimiento de esa tarea de coordinación y para «velar por la integridad y exactitud» de las inscripciones, Torres-Dulce ha ordenado al fiscal coordinador de Extranjería, Joaquín Sánchez-Covisa, que, en paralelo, lleve un Libro-Registro informatizado. De esta forma, se pretende controlar «que la información sobre el menor extranjero acceda de forma efectiva al Registro y que sea lo más actual, completa y precisa posible». También, evitar «duplicidades registrales» que dificultan la identificación de los niños.

La Instrucción 1/2012 de la Fiscalía General del Estado advierte de que los datos incorporados al Registro no siempre son completos y, muchas veces, son erróneos. Y ello por distintas causas: la negativa de los entes públicos a cumplir con «su obligación de facilitar datos»; la «inexistencia» en todas las Comunidades Autónomas de un servicio permanente y de unidades de policía científica para llevar a cabo las identificaciones (mediante impresión decadactilar y fotografía); la falta de «la adecuada coordinación» entre los distintos cuerpos policiales que intervienen en la localización del menor; y el traslado de los niños de un territorio a otro o a organizaciones no gubernamentales sin previa comunicación.

Otro de los problemas a los que se pretende dar solución es la duplicidad de identidades en el Registro y las dudas sobre la edad del menor. En «demasiadas ocasiones», denuncia la Fiscalía, los menores abandonan de forma voluntaria los centros de acogida y se trasladan sin documentación a otra comunidad autónoma. Cuando son localizados, facilitan una identidad diferente. Una información completa en el Registro y un «sistema inmediato de cotejo» de las huellas evitará repetir pruebas radiológicas de determinación de edad que pueden ser perjudiciales para la salud del menor y que, hechas en distintos momentos, pueden arrojar resultados contradictorios.