Los derechos de educación, información y vivienda, relegados por la ley de Igualdad

En el anteproyecto de ley integral para la Igualdad de Trato y la No Discriminación se elimina la posibilidad de la educación diferenciada tal y como se conoce. Establece que «en ningún caso los centros educativos que excluyan del ingreso en los mismos a grupos o personas individuales por razón de alguna de las causas establecidas en este Ley, podrán acogerse a cualquier forma de financiación pública». Añade que las administraciones educativas garantizarán la ausencia de cualquier forma de discriminación por razón de las causas previstas en la ley, y en todo caso, en los criterios y prácticas sobre admisión y permanencia en el uso y disfrute de los servicios educativos, con independencia de la titularidad de los centros que los imparten. El artículo 26 de la Constitución reconoce el Derecho a la educación (obligatoria y gratuita) y la libertad de las personas físicas y jurídicas para crear centros docentes.

La aplicación de la ley puede ser especialmente rigurosa (y sobre todo polémica) cuando afecte a los arrendamientos de viviendas. En particular, la ley «prohíbe» con rotundidad: «a) Rehusar una oferta de compra o arrendamiento, o rehusar el inicio de las negociaciones o de cualquier otra manera impedir o denegar la compra o arrendamiento de una vivienda por razón de alguna de las ausas de discriminación previstas en la presente ley, cuando se hubiere realizado una oferta pública de venta o arrendamiento; b) discriminar a una persona en cuanto a los términos o condiciones de la venta o arrendamiento de una vivienda con fundamento en las referidas causas».

Es decir, si una persona busca inquilinos para el arrendamiento de su casa y aparecen varios demandantes, el rechazo de cualquiera de ellos podría ocasionarle problemas. Para empezar, si le denuncian tendría que probar su inocencia.