La AVT vaticina una excarcelación masiva de etarras si España no recurre la última sentencia de Estrasburgo

Se trata del caso de Xabier Atristain, a quien el tribunal con sede en Estrasburgo dio la razón el pasado enero en que se vulneraron sus derechos durante el tiempo que estuvo en detención incomunicada en el 2010. Arrancaba entonces un sumario por el que sería después condenado a 17 años de prisión por delitos de pertenencia a organización terrorista, depósito de explosivos y de armas.

Tras la victoria en el TEDH, su defensa acudió al Tribunal Supremo para que se revisara la sentencia . Si al inicio del proceso se quebraron sus derechos, todo el asunto puede ser nulo. En respuesta, la Sala de lo Penal le puso en libertad provisional y requirió a Justicia para que explicase qué va a hacer la Abogacía del Estado, entre otras cosas, porque no tiene sentido revisar una sentencia a la luz de un fallo de Estrasburgo contra el que aún cabe recurso. La respuesta, escueta, llegó hace unos días. Aún lo están considerando.

En la AVT preocupa que Justicia decida no acudir a la Gran Sala y permita así que se consolide una doctrina que podría producir «una excarcelación masiva» de presos de ETA, todos aquellos cuyas declaraciones prestadas en régimen de incomunicación -una práctica en extinción desde 2013 pero extendida y amparada por la legislación española en toda la etapa anterior- fuesen definitivas para la condena.

A lo largo de los años, la jurisprudencia ha venido evolucionando, de manera, por ejemplo, que las declaraciones prestadas por el etarra en dependencias policiales ya no son tenidas en cuenta si no se ratificaron después en sede judicial y no hay más elementos periféricos de prueba. Sí se considera suficiente la declaración prestada ya a disposición del juez, pues se despeja la sombra de la duda -Estrasburgo mediante- de torturas: hay un instructor, un fiscal y un abogado y él puede ratificarse o no.

El fallo de Estrasburgo abre la puerta a que todas las declaraciones prestadas estando el detenido incomunicado sean susceptibles de anulación y así, el proceso judicial desarrollado. No es fácil ofrecer una cifra, siquiera estimativa, porque en cada caso la valoración de la prueba varía. Habrá condenas cuyo único sustento sea lo que dijo el etarra y otras en que fuera lo de menos. También habrá sentenciados ya en libertad. En ambos casos, el Estado podría tener que afrontar indemnizaciones.

Fuentes jurídicas consultadas por ABC señalaban movimiento en los etarras que aún están en prisión y que, al calor del fallo de Estrasburgo, estudian la revisión de sus casos. Está en el aire, no obstante, en espera de lo que haga la Abogacía del Estado. Mientras, la estrategia ya ha saltado a las salas de juicio y se refleja en al menos una sentencia.

La defensa del etarra Juan Carlos Iglesias Chouzas, conocido como Gadafi, planteó el tema de la incomunicación en fase judicial el pasado 24 de marzo. Se sentaba en el banquillo por asesinar a un hombre y secuestrar a otro. Mientras, el magistrado José Ricardo de Prada absolvió el mes pasado al miembro del Comando Madrid Gorka Palacios, entre otras cosas, al denostar las declaraciones que prestaron en su día los dos etarras sentenciados en firme por los mismos hechos, un atentado en Madrid en 2001.

«Nos encontramos ante la tesitura de que España elija el camino bueno y no sólo recurra la sentencia a través de la abogacía del Estado a la Gran Sala, si no que también empiece a realizar la labor de pedagogía necesaria para demostrar a los miembros del Tribunal de Estrasburgo que el régimen de incomunicación no necesariamente implica vulneración de derechos», dice la AVT.

La asociación de víctimas exige «que se hagan las cosas bien, como se han hecho en los casos en los que el TEDH ha avalado la doctrina española y ha negado a los presos de ETA y Grapo descontar el tiempo cumplido en prisión en Francia». «Claramente el camino incorrecto es el que se tomó cuando la derogación de la Doctrina Parot y se abrió una herida que aún supura en las víctimas del terrorismo», añaden, para incidir en que el final de ETA no puede ser sinónimo de impunidad.