Un CGPJ ajeno a la polémica aprueba mañana en su Permanente convocatorias de nuevos nombramientos

Así, en el orden del día de la Comisión Permanente que va a celebrarse este jueves aparece la aprobación, a propuesta del Servicio de Personal Judicial, de varias bases de convocatoria de plazas que quedan vacantes en el Supremo por jubilación de magistrados en cuatro Salas del Tribunal Supremo (de lo Civil, Contencioso-Administrativo, Social y Militar), así como las relativas a otras vacantes en los tribunales superiores del País Vasco y Extremadura y en varias audiencias provinciales.

Otro punto del Orden del día, consultado por Europa Press, se refiere a la aprobación de un plan de presentación telemática de las solicitudes para la participación en los concursos de provisión de plazas de nombramiento discrecional en los órganos judiciales, excepto la cobertura de plazas del Tribunal Supremo reservadas a juristas de reconocida competencia, que se convoquen a partir de 2021.

A ello se unirá, según fuentes de este órgano consultadas por Europa Press, la posibilidad de que el órgano de gobierno de los jueces retome los nombramientos que quedaron aplazados de nuevo tras el último amago de renovación de esta institución, que finalmente parece haber quedado paralizada por la falta de acuerdo entre PSOE y PP hasta al menos la celebración de las elecciones catalanas del próximo 14 de febrero.

La inclusión o no de estos nombramientos en el último Pleno del año, que se celebra el próximo 17 de septiembre, dependerá de que se alcance un amplio consenso entre los sectores conservador y progresista para designar a los nuevos magistrados respecto de 17 plazas que están preparadas para ser cubiertas en diversos órganos, entre civiles y togado militares, una de ellas en la Sala de lo Social del Supremo.

Tras conocer los planes del Gobierno de coalición, la mayoría de vocales del Consejo General del Poder Judicial se muestra crítico y «molesto» con la Propuesta de Ley de reforma de PSOE y Podemos dirigida a evitar que este órgano no pueda realizar nombramientos clave hasta que no sea renovado.

Las principales críticas tienen que ver con la forma empleada por los grupos sustentados por el Gobierno en funciones para plantear su propuesta, la de la Proposición de Ley, que supone una fórmula de tramitación legislativa exprés que «hurta» al propio CGPJ y al resto de órganos consultivos la posibilidad de informar sobre las intenciones de la reforma.

Este miércoles, los grupos parlamentario que sustentan al Gobierno de coalición han anunciado que tienen previsto aprobar esta reforma el próximo mes de enero.

Según fuentes del sector conservador de este órgano, eludir el pronunciamiento del Consejo sobre una modificación legislativa de sus competencias contraviene los estándares europeos establecidos al respecto, en especial al tratarse de unos cambios que afectan directamente al propio Consejo, que se regula además por ley orgánica.

La idea, sin embargo, no es novedosa. Así, los vocales designados a propuesta del PSOE Álvaro Cuesta (quien fue diputado por este partido) y de IU Concha Sáez , vienen reclamando que se limite la realización de determinadas funciones por un Consejo General del Poder Judicial (CGP) que se encuentra en funciones desde el 4 de diciembre de 2018, en especial la de realizar nombramientos, que es lo que plantea la Propuesta hecha pública este miércoles.

La mayoría del órgano del gobierno de los jueces, sin embargo, considera que están perfectamente legitimados para hacer nombramientos , y algunos se plantean por qué desde la propuesta legislativa hoy presentada no se ponen los mismos peros en relación con otras funciones, como son las disciplinarias.

Los dos grupos parlamentarios pretenden debatir esta proposición de ley antes de que finalice el año, que se une así a la reforma del Poder Judicial que registraron para tratar de desbloquear su renovación, paralizada de momento a la espera de que el PP acceda a desbloquear el relevo del cupo de juristas.

De hecho, la limitación de competencias con periodo caducado del CGPJ ya era una cuestión que se recogía en dicha reforma y que ahora, con la nueva iniciativa, se define con mayor precisión.