PAÍS VASCO
El TSJPV teme por la seguridad de los jueces de vigilancia penitenciaria
Pide a Interior que eleve la protección sobre este colectivo ante la «frustración» que puede provocar la no excarcelación de presos de ETA
El presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), Juan Luis Ibarra , solicitará hoy a los responsables de Interior que eleven las medidas de seguridad sobre el colectivo de jueces de vigilancia penitenciaria que ejercen en el País Vasco.
Ibarra ha advertido sobre la posibilidad de que el entorno de ETA pueda pagar con estos funcionarios su «frustración» por no hallar respuesta a su petición de «amnistía» o «excarcelaciones masivas» de presos en los próximos meses .
En un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Forum en Bilbao, el máximo responsable del TSJPV ha anunciado que trasladará esta petición en la reunión que hoy mismo mantendrá con el consejero vasco de Interior, Rodolfo Ares . Al encuentro acudirán los principales representantes de los jueces y fiscales vascos, así como el delegado del Gobierno, Carlos Urquijo .
La reunión está justificada por el anuncio, por parte de los Gobiernos central y vasco, de reducir los escoltas a las personas amenazadas por ETA, toda vez se ha constatado que la banda no tiene intención de volver a actuar , según anunció en su comunicado de «cese definitivo» del pasado 20 de octubre. La retirada de escoltas, que en el caso de los jueces y fiscales se aplicará el próximo día 14, será sustituida por labores de contravigilancia, según anunciaron el ministro y consejero de Interior el pasado 24 de enero.
Falsas esperanzas
Ibarra ha advertido contra las falsas esperanzas que se puede estar creando, desde algunos sectores, sobre la posibilidad de que se concedan «amnistías» o «indultos generales» a los presos de ETA. Medidas que, según ha recordado, son incompatibles con la «realidad jurídica» y el ordenamiento español . «El eco de esa frustración se va a proyectar sobre la administración de la Justicia», ha advertido Ibarra, quien ha indicado que el Estado debe atender la «situación específica» de los jueces de vigilancia penitenciaria, que son los que deben resolver los recursos de los presos, «incluida la libertad provisional».
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