El Tribunal Supremo mantiene en prisión a Junqueras por el «relevante» riesgo de que reincida

Los magistrados de la Sala de lo Penal -la cumbre del sistema judicial penal español- apuntan cuestiones importantes de la investigación y allanan el avance de la causa de Llarena. Los jueces dejan claro que no se persigue en ningún caso la ideología independentista, una opción que permite y promueve la Constitución española, pues no nos encontramos ante una democracia militante.

Buscar la independencia es legítimo, explican los magistrados, que alegan que lo que se persigue y castiga es la «forma» empleada en ese objetivo: desobedeciendo al Tribunal Constitucional y alentando una insurrección contra el ordenamiento español. Es decir, por una vía delictiva. Por ello, el Supremo responde al independentismo: «No puede hablarse de presos políticos».

El comportamiento que adoptó Junqueras, dentro de su rol esencial en el plan secesionista, constituye «un hecho ilegítimo, gravísimo en un Estado democrático de Derecho , en el que el cumplimiento de la Ley como expresión formalizada de la voluntad popular aprobada por sus representantes legítimos, y también la misma lealtad al propio sistema democrático que nos rige, imponen ciertos límites que deben ser respetados en aras de una convivencia pacífica y ordenada».

El Supremo también resta valor a las llamadas al diálogo de Junqueras, que se autopresentó como un «hombre de paz» en la vista de apelación. Los magistrados señalan que el exvicepresidente no ha expresado en ningún momento una renuncia a la vía unilateral, a la imposición de las vías de hecho y al camino del enfrentamiento con el Estado. El diálogo ofrecido y la supuesta bilateralidad , añaden, solo se refiere a la forma en la que el Estado español debe aceptar la independencia de Cataluña.

El auto que rechaza liberar a Junqueras también confirma que, en fase indiciaria, la actuación del proceso independentista ilegal encaja en el delito de rebelión. Los magistrados acusan a Junqueras de incitar a las movilizaciones de la sociedad civil, episodios de los que se podían esperar brotes o comportamientos violentos, como en el acoso a la Guardia Civil del 20 de septiembre. También confirman los indicios por sedición y malversación, un conjunto de imputaciones que dibujan un complicado horizonte penal.

La posición de la Fiscalía ha conseguido su propósito: que Junqueras continué en la prisión madrileña de Estremera. Con esta decisión, la Sala de lo Penal del Supremo confirma la decisión del juez del caso, Pablo Llarena, quien mantuvo en la cárcel al exvicepresidente de la Generalitat el pasado 4 de diciembre. El juez apreció que existe riesgo de reiteración y advirtió de las «graves e irreparables» consecuencias si Junqueras insiste en empujar hacia la independencia por vías ilegales. Llarena alertó de esa posibilidad al vincular a Junqueras con los comportamientos violentos del proceso independentista ilegal, que sitúa en el acoso a la Guardia Civil del 20 de septiembre y en el referéndum secesionista del 1 de octubre.

El mantenimiento de Junqueras en prisión dificulta la esperanza de ERC de que su libertad allanase su pugna con Junts per Cataluña por la investidura en el Parlamento catalán . ERC reconoce que, si no vuelve Carles Puigdemont, el plan B es Junqueras, quien por ahora continuará encarcelado de forma preventiva. Esta medida permite enviar a prisión a un imputado que no ha sido juzgado ni condenado para evitar que reitere o que entorpezca la investigación.

En su exposición de argumentos, la Fiscalía recordó ayer que Junqueras no ha expresado en ninguna cita judicial una renuncia a las vías ilegales ni un compromiso a respetar la legalidad constitucional. El líder de ERC tampoco mostró esa actitud ayer en la vista ante los tres magistrados, según informaron fuentes jurídicas presentes en la Sala de Recursos.