«España no sanciona suficientemente el despilfarro y las corruptelas»

La ONG ha publicado un informe que analiza la situación actual de España y propone una serie de recomendaciones. A lo largo del estudio, aborda el problema de la corrupción y la importancia de sacar adelante una Ley de Acceso a la Información frente a la «cultura de opacidad». La organización, con sede en Berlín, propone al Gobierno que promueva un plan estratégico contra la corrupción que involucre a partidos políticos, ONGs, sindicatos, asociaciones empresariales y medios de comunicación.

Considera necesario reformar la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) y plantea que la investigación de los delitos de corrupción por parte de los fiscales podría hacer «más viable» el sistema, según refleja en el informe que lleva por título «Dinero, política, poder: Riesgos de corrupción en Europa» .

En otro de los capítulos, alaba la independencia e imparcialidad de la Administración central, aunque critica el «clientelismo y el patronazgo» de las entidades locales. «La ineficiencia, ineficacia, despilfarro y corruptelas no están suficientemente controladas, ni sancionadas. Es muy destacable la ausencia de preocupación por la educación de la ciudadanía frente al problema de la corrupción», argumenta. Extiende los «graves déficits» en la rendición de cuentas del sector público a Grecia, Portugal o Italia.

«Los vínculos entre la corrupción y la actual crisis financiera y fiscal en estos países ya no se pueden ignorar. En ellos la corrupción consiste a menudo en prácticas legales pero no éticas que son el resultado de unas normas opacas en lo relativo a los grupos de presión, del tráfico de influencias y del camino de ida y vuelta entre el sector público y el privado», precisa.

Transparencia Internacional también hace referencia a la situación de las fuerzas políticas para sostener que «ninguno de los dos grandes partidos» tiene «interés en mejorar profundamente el estado de las cosas» pues cuando llegan al poder «olvidan sus promesas» y la oposición tiene «poca legitimidad» para reclamar lo que no hizo en el Gobierno.

Entre los puntos fuertes, cita la capacidad del poder legislativo de controlar al ejecutivo «cuando no existe mayoría absoluta» y precisa que «el mecanismo de control interno, a través de la disciplina de los grupos parlamentarios, dificulta la corrupción». Respecto al poder judicial, contrasta la independencia de los jueces y magistrados con el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), un órgano que considera «fuertemente politizado».