La opacidad administrativa terminará en 2013

El texto final que sale de Moncloa incluye algunas aportaciones enviadas por ciudadanos, organizaciones e instituciones durante el periodo de consulta pública en el que estuvo disponible en internet entre el 26 de marzo y el 10 de abril. El Gobierno ha informado que durante ese tiempo se recibieron 3.700 sugerencias y observaciones de la sociedad civil e instituciones que pretendían mejorar la nueva legislación.

Entre ellas, el Ejecutivo destaca que estarán sometidos a la ley los adjudicatarios de los contratos públicos y los colegios profesionales. También señala en un comunicado que «se impulsan mecanismos que garanticen la accesibilidad, calidad y reutilización de la información publicada» y se «amplía la información económico-presupuestaria que debe hacerse pública». También será obligatorio hacer accesibles los informes de audiotría y fiscalización y contratos menores.

«Se aclara un poco más lo relativo a la aplicación de límites en el derecho de acceso a la información», señala. Así, se introduce «como criterio para negar información a un solicitante que exista un riesgo de perjuicio por el hecho de que la información se haga pública, pero también que no exista un interés superior que respalde la publicación».

Asimismo, «se crea una nueva infracción grave por el incumplimiento reiterada de la obligación de resolver en plazo». El nombramiento del presidente de la futura Agencia Estatal de Transparencia se realizará como el de otros organismos reguladores.

La vicepresidenta del Gobierno, de quien depende el anteproyecto de ley, ha reconocido que entre las propuestas enviadas por los ciudadanos se encontraba una relativa al silencio administrativo y otra a la Casa Real. Respecto a la primera, se mantiene el silencio negativo en lugar del positivo, como se venía reclamando, para evitar un «perjuicio a intereses públicos o de terceros» . Esto es que, una vez agotado el tiempo que la Administración tiene para responder a una solicitud, si no ha habido contestación se entiende por concedida. En opinión de Santamaría, esto podía afectar a la seguridad el Estado o a información confidencial.

Además, la Casa Real no estará sujeta a la Ley de Transparencia, una decisión que Santamaría ha defendido por cuanto no es una administración pública como tal y recuerda que en el Reino Unido, referente en este tipo de normas, sucede de idéntico modo.

Santamaría también ha anunciado que se creará una web en la que todos los ministerios incluirán su información y ha garantizado un «procedimiento ágil» para solicitar datos y «la creación de unidades de información en la Administración General del Estado».