Piden la extradición de una etarra liberada por Bélgica: «Que la traigan a España y que sea juzgada»

En la misma ciudad donde fue arrestada, Gante, a 57 kilómetros de Bruselas, la supuesta etarra sigue hoy viviendo «como una reina», lamenta la familia del militar asesinado, que este lunes dio el paso de presentar ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos con sede en Estrasburgo una demanda -primera de este tipo- en la que exigen que Bélgica ejecute las sucesivas órdenes de detención y entrega que se han dictado contra la terrorista. Y van tres: dos de la Audiencia Nacional de 2004 y 2005 y la última, de 2015, todas desestimadas por jueces belgas que ven a ETA como un movimiento de «resistencia armada» que se alzó contra la franquismo.

«Que la traigan a España y que sea juzgada. Luego que decidan si la condenan o no, pero que sea juzgada», era el clamor ayer de Carmen, una de los cinco hijos de Romeo , que recurren a esta instancia tras haber invocado el amparo de la Defensora del Pueblo, el del Gobierno y el de cada institución, organismo capaz de ayudarles a avanzar un milímetro hacia una justicia que lleva 35 años esquivándoles. Con su demanda ahora esperan revertir los criterios de los tribunales de Bélgica y lograr la extradición de «Pepona». En sesenta folios, el escrito pide protección para sus derechos como víctimas del terrorismo y, con especial énfasis, se subraya documentalmente la evidencia de que España es una democracia consolidada donde se respetan los derechos fundamentales de los presos. También de los que matan.

En esa dirección ya desarrolló el Gobierno gestiones ante la Fiscalía Federal belga, a la que se remitieron informes de la Abogacía General de Estado o del Comité para la Prevención de la Tortura con la esperanza de que salieran adelante los requerimientos contra la etarra. Pero fue en vano.

Según se explicó ayer, si el Gobierno no ha acudido a Estrasburgo a plantear este caso, es por que «no puede demandar, sólo las familias». En representación del Ministerio del Interior, la responsable de la Dirección General de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo, Sonia Ramos, acudió al acto en Madrid en el que las hijas de Romeo anunciaron la iniciativa para expresarles su respaldo «incondicional». Asistieron también la presidenta de la Fundación de Víctimas del Terrorismo (FVT), Mari Mar Blanco, y la de Covite, Consuelo Ordóñez, que estimó que el Ejecutivo de Mariano Rajoy «puede hacer mucha presión para que la demanda prospere».

Por el crimen del teniente coronel fueron condenados en 2007 a penas de 28 años de prisión tres integrantes del «comando Vizcaya», uno de los cuales culpó en una declaración a Natividad Jáuregui de haber apretado el gatillo, circunstancia certificada también por un testigo. Lo recordó ayer también Carmen Romeo y que para la familia, una tragedia así «no se olvida nunca», aunque los jueces belgas sostengan -como sostienen- que no cabe encerrar a «Pepona» por que de lo suyo hace ya mucho tiempo.