Torra podrá retener unos meses la Generalitat pese a la sentencia que lo inhabilita

El pronunciamiento de ayer del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) , que, por un delito de desobediencia, le ha condenado a u n año y medio de inhabilitación para ejercer cargos públicos -dos meses menos de lo que pedía la Fiscalía-, permitirá a Torra apurar unos meses su Presidencia pero complica su futuro político a medio y largo plazo. Mientras el Tribunal Supremo no resuelva el recurso de los abogados del «president» contra esta sentencia del TSJC -que ya han anunciado que presentarán- Torra no será inhabilitado. Y es que la ley no prevé que esa pena se pueda aplicar de forma cautelar, a diferencia de lo que ocurre con la pena de prisión. Contando con que el Alto Tribunal tarda una media de nueve meses en resolver los recursos que se le presentan, la inhabilitación no podría ser efectiva hasta el último trimestre de 2020 aproximadamente. Eso sí, la sentencia del TSJC impide desde ya a Torra presentarse a unas elecciones que pudieran convocarse antes de que el Supremo se pronuncie sobre un hipotético recurso. Y es que la desobediencia forma parte de la lista de delitos que la Ley Electoral recoge que impiden presentarse a unos comicios, aunque esa sentencia no sea firme.

El presidente de la Generalitat desafío a la JEC cuando esta le ordenó retirar durante el periodo de los comicios generales del pasado 28 abril los símbolos partidistas que lucían los edificios públicos dependientes de la Generalitat. El presidente hizo un «alarde público» de este desafío, mostrando una «recalcitrante y reiterada actitud desobediente», y exhibiendo una «disposición anímica inequívoca» de contravenir los mandatos de la Junta Electoral Central.

Torra vendió aquello a su público como un nuevo desafío «al Estado español», cuando lo cierto es que su gesto era mucho más mundano: acabó retirando la pancarta con los lazos amarillos del Palau de la Generalitat, aunque lo hizo fuera de plazo, y, finalmente, la sustitución por otra. Algunas fuentes apuntan a que la intención de Torra con ese gesto no era otra qeu buscarse una condena para salvar en los libros de Historia una Presidencia cuando menos mediocre. En todo caso, lo que está claro es que su desafío era un salto con red y arnés, pues era consciente en todo momento de que la desobediencia no acarrearía de niguna forma una pena de prisión.

En el juicio, Torra presumió de no haber retirado (a tiempo) la pancarta, pero eso no implicaba que reconociera haber cometido un delito. Ante el tribunal que presidía Jesús María Barrientos defendió que la Junta Electoral Central (JEC) no era la competente para darle órdenes. Un argumento, que, si se lo creyera, se antoja extraño que sus abogados no lo hubiesen empleado en ninguno de los escritos que aquellos meses remitieron a la propia junta electoral. En todo caso, el TSJC le ha dejado claro que la Junta Electoral Central es «autoridad superior de los presidentes» en materia electoral .

La sentencia del TSJC, que también impone a Torra una multa de 30.000 euros, recuerda que al presidente de la Generalitat no le faltaron los avisos de que lo que estaba haciendo era ilegal. No solo se lo reiteró la Junta Electoral Central si no que lo hicieron también los servicios jurídicos de la Generalitat y el Síndic de Greuges (defensor del pueblo catalán). Torra no tenía excusa, por tanto, según ha fallado el TSJC, para la «contundente, reiterada, contumaz y obstinada resistencia» que exhibió ante las órdenes de la junta electoral.

Torra, tras conocer la sentencia, compareció ayer en el Palau de la Generalitat. Además de anunciar que recurriría la sentencia -lo que aplaza automáticamente su hipotética inhabilitación- también cargó contra un fallo que considera «una puerta abierta a la desmesura, al autoritarismo y contra la libertad de expresión» . Por eso, según anunció, pedirá a los grupos del Parlamento catalán que lo ratifiquen en cargo porque a él «no lo inhabilitará un tribunal con motivaciones políticas». Sería un movimiento, que, de producirse, no tendría más trascendencia que la de ser un gesto político que nada podría hacer ante una hipotética inhabilitación.