Testigos sitúan a Puigdemont en la cúpula de la dirección del 1-O

Lo relataron los dos informáticos en su comparecencia como testigos ayer ante el titular del Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona, Juan Antonio Ramírez Sunyer , que investiga la organización de la consulta independentista. En ese encuentro, al que asistieron unas 12 o 15 personas, estaba también la secretaria general de Esquerra, Marta Rovira. La republicana no formaba parte del Govern.

Ambos testigos confirmaron ante el juez el relato de los hechos que ya habían ofrecido a la Guardia Civil. Quim Franquesa explicó que un tal «Jordi» lo llamó a su teléfono a través de un número oculto . Se citaron en un bar de Sant Joan Despí (Barcelona). Fue allí donde esta persona, al que el informático no conocía, le desveló que el proyecto era la búsqueda de un sistema de votaciones para la consulta independentista.

Cuando declaró ante la Guardia Civil, Franquesa no sabía quién era ese tal «Jordi» que le había llamado. Este sábado, en sede judicial, se aclaró que esa persona era el exconsejero de ERC Xavier Vendrell , según explicaron a ABC fuentes judiciales. O bien el informático se confundió de nombre -Jordi y Xavier son nombres muy comunes en Cataluña- o el republicano utilizó un seudónimo como tapadera.

Ante la envergadura del proyecto, Franquesa contactó con Vicent Nos, empresario del sector informático al que conocía. Los dos fueron citados a esa reunión en Pedralbes con la cúpula de la organización de los preparativos del referéndum, liderada por Puigdemont y Junqueras . Los asistentes les preguntaron sus dudas y detalles técnicos sobre el sistema informático que podría emplearse para las votaciones, pues querían que no fuese manipulable ni fácilmente bloqueable por un «hacker» o el Gobierno de España. Recuerdan, además, que Rovira les preguntó en concreto si con el sistema que planeaban podían votar los catalanes en el exterior. Respondieron que sí. Finalmente, se echaron atrás con el proyecto. No quisieron desarrollar el sistema si la consulta podía ser ilegal. Aunque no se materializó el plan, y pese a que no se llegó a realizar ningún pago por el mismo, desde la Generalitat le dieron el visto bueno y les aceptaron un presupuesto de 500.000 euros. Estos detalles los ofrecieron en su declaración ante la Guardia Civil.

En una atención a los medios tras las declaraciones, a las puertas de la Ciudad de la Justicia, el abogado Juan Cremades, que representa a Vox en la causa -el partido presentó una de las denuncias con las que se inició la investigación- valoró que el relato de estos testigos tiene que «dar pie a que la investigación siga avanzando» . Pretenden demostrar que hubo malversación de fondos públicos por parte del Govern independentista para financiar la consulta.

Estas son las primeras declaraciones que se practican en sede judicial desde que en febrero del año pasado el juez abriese la causa a raíz de las denuncias contra el exsenador de Esquerra Santi Vidal por sus revelaciones en varias conferencias. Había dicho en diferentes charlas por el territorio catalán que el Govern de la Generalitat tenía una partida camuflada para preparar un referéndum unilateral y que poseía de forma ilegal datos fiscales de los catalanes y una partida secreta para crear estructuras de Estado.

Posteriormente, la investigación se amplió y, entre otras diligencias, el juez ordenó el registro de las dependencias de la Consejería de Economía. Fue el 20 de septiembre, el día en que cientos de independentistas se congregaron a las puertas del departamento en protesta la entrada de la Guardia Civil en estas dependencias de la Generalitat.

Allí, los agentes incautaron numerosa documentación sobre los planes independentistas, entre ellos correos electrónicos de quien era secretario de la Administración Tributaria Catalana, Lluís Salvadó. De esos emails se desprende, entre otras cosas, que el Govern estaba estudiando la posibilidad de crear tras la declaración unilateral «un ejército destinado a la defensa de la República Catalana ante, entre otros riesgos, el que podría provenir del Estado español». Así lo detalló la Guardia Civil en uno de los informes redactados tras el registro.