Vox tampoco da el caso Dina por cerrado: acusa a Iglesias y a Bousselham y pide más diligencias

El juez Manuel García Castellón cerró esta pieza separada del caso Villarejo el pasado siete de octubre. Decidió elevar exposición razonada al Tribunal Supremo para pedir que se investigue a Iglesias por revelación de secretos y daños informáticos así como por denuncia falsa junto a Bousselham, el marido de esta y tres miembros del equipo legal de Podemos. En paralelo, dictó procesamiento para los periodistas Alberto Pozas y Luis Rendueles y el propio Villarejo y dio a las partes diez días para que presentasen escrito de acusación.

Mientras todos los implicados han presentado recursos de apelación contra esa doble decisión, Vox ha registrado un escrito de acusación con la pretensión de que el juez, ya sea ampliando su exposición razonada, ya sea elevando una nueva, lo remita al Tribunal Supremo : Acusa a Iglesias y a Bousselham, que ni fueron imputados en la Audiencia Nacional ni lo han sido aún en esa instancia superior, donde no se ha dirimido la admisión a trámite.

La formación que dirige Santiago Abascal pide ya hasta 13 años de cárcel y multas para Pablo Iglesias por los delitos que recogía la exposición razonada y para su exasesora, pide ocho. Detalla hasta las pruebas que solicita se practiquen en el juicio oral y dice, en todo caso, que si finalmente el Supremo abre causa, quiere constar como acusación popular.

En cuanto a los que sí están imputados y para los que el juez pedía escrito de acusación, la formación cree que hay que seguir investigando y lo introduce en un «otrosí», un apartado al pie del escrito de acusación en el que pide la práctica de «diligencias indispensables» y que se suspendan los plazos de presentación de los escritos en tanto estas se practican.

«Entiende esta parte que no cabe cerrar la instrucción del presente procedimiento sin la practica al menos de aquellas diligencias indispensables para esclarecer la participación de todos los intervinientes», argumenta en un escrito, no obstante, que no es un recurso contra el auto del juez que cierra la investigación.

«En este sentido y, sin perjuicio de que sea competencia del Tribunal Supremo la investigación de los hechos donde puedan haber intervenido personas aforadas, consideramos tan íntimamente conexa, como imprescindible, investigar el recorrido de la tarjeta Micro SIM del teléfono de Dina Bousselham entre noviembre de 2015 y enero de 2016», señala.

La primera es la fecha en que ella denunció el robo del teléfono y la segunda, aquella en que Pablo Iglesias recibió la tarjeta de memoria del terminal de manos del presidente del Grupo Zeta, Antonio Asensio.

Quiere además que se pongan en marcha otras «diligencias complementarias para la tipificación de los hechos»: «Que se requieran los chats de Telegram mencionados en la declaración en sede judicial del ex abogado de Podemos Don Jose Manuel Calvente» y se recabe «testimonio de la integridad de las actuaciones del procedimiento de Diligencias Previas 2069/2015, seguido en el Juzgado de Instrucción no 5 de Alcorcón», donde Bousselham amplió su denuncia por el robo.