El sustituto de Puigdemont, en manos del TC por el voto delegado

«Si no hay ventana para investir al presidente Puigdemont, en este momento, se investirá a otra persona antes del día 14». Elsa Artadi, portavoz de JpC , confirmó con estas palabras -durante una entrevista para Catalunya Ràdio- lo que el Gobierno y los grupos de la oposición en el Parlamento catalán vienen advirtiendo desde hace semanas. Sin embargo, Artadi aclaró que en JpC no renuncian a que Puigdemont sea elegido presidente: «Su investidura la dejaremos para más adelante, no renunciamos».

A partir de ahora, el próximo inquilino de la parte norte de la plaza de San Jaime saldrá de la decisión unipersonal de Puigdemont, fugado de la Justicia española en Berlín (Alemania). «Por lo que a mí me consta, la decisión no está tomada. Yo no la sé, pero puede que Puigdemont ya lo tenga decidido», señaló Artadi, que es la favorita en todas las quinielas políticas, y que ayer sí indicó que se ponía «a disposición» del expresidente autonómico para lo que hicera falta.

Además de la número uno de JpC en el Parlamento catalán, cualquiera de los otros 29 diputados de JpC con opciones reales -todos menos Puigdemont y los que están en prisión preventiva: Jordi Sànchez, Jordi Turull y Josep Rull- podría ser el designado. En las últimas semanas se ha hablado de Antoni Morral, Marc Solsona (PDECat), Quim Torra y Josep Costa , este último es vicepresidente primero de la Mesa parlamentaria y, según algunas fuentes de la oposición, «el más Puigdemont de todos los que suenan».

Sobre la situación actual, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy , volvió a censurar, ayer en el Senado, que los partidos independentistas se obcequen en nominar a candidatos inviables. «Están en un bucle absurdo». Por su parte, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, responsabilizó directamente a Puigdemont, al que acusó de «pretender instalar la tiranía» y añadió, en una conversación informal con periodistas, informa Itziar Reyero, que «cuando uno piensa sólo en uno mismo, no pretende gobernar en democracia sino volver a instalar la tiranía».

En cualquier caso, otra incógnita a resolver es si la nueva candidatura cuenta con los votos suficientes. La admisión a trámite por parte del TC del recurso de amparo presentado por Cs contra los acuerdos de la Mesa que autorizaron el voto delegado abrió ayer una nueva vía en cuanto a la posibilidad de que Puigdemont y Toni Comín (ERC) , ambos huidos de la Justicia española, puedan seguir ejercerciéndolo en los próximos días. El pleno del máximo órgano de garantías no aceptó las medidas cautelarísimas que pedía Cs, pero sí ha abierto una pieza de suspensión en la que ha dado tres días a Fiscalía y recurrente (Cs) para que informen sobre esta posible suspensión.

De esta manera, el sustituto de Puigdemont está en manos de la decisión del TC. Si el pleno de investidura -cuya convocatoria es potestad exclusiva de Roger Torrent- se celebra antes de que el TC se posicione sobre esta suspensión, no antes del sábado, la suspensión caería en saco roto. Y situaría al Parlamento catalán en otra situación inédita. En este sentido, en JpC trabajan con la hipótesis de que Puigdemont y Comín sí podrán votar. Si no fuera así, JpC y ERC sumarían 64 escaños -por 65 de la oposición-, y los cuatro diputados de la CUP volverían a ser determinantes.

En este sentido, si el Ejecutivo de Mariano Rajoy hubiera impugnado estos acuerdos de la delegación de voto , su suspensión hasta que se resolviera el fondo del asunto habría sido automática, y tanto el expresidente como el exconsejero huidos no podrían votar; pero la realidad es que a día de hoy pueden hacerlo (ya lo han hecho) porque al haberla promovido un grupo parlamentario la suspensión queda al arbitrio del TC.

En la providencia dictada ayer, los magistrados justifican la admisión del recurso en que plantea un problema que afecta a una faceta de un derecho fundamental «susceptible de amparo sobre el que no hay doctrina de este tribunal». Además, «el asunto suscitado trasciende el caso concreto al plantear una cuestión jurídica relevante que tiene además unas consecuencias políticas generales».