El Supremo avisa por tercera vez del colapso de una de sus salas ante la falta de respuesta de Llop

Tras las jubilaciones, este mismo mes, de Rafael Fernández Valverde y Segundo Menéndez, la Sala Tercera cuenta con solo 25 magistrados, el mínimo legal para constituir sus cinco secciones, ya que cada una de ellas debe tener al menor cinco magistrados. La actividad de esta sala ha aumentado considerablemente en los últimos meses ante el aluvión de demandas de empresas y profesionales que reclaman que se declare la responsabilidad patrimonial del Estado por las medidas que se pusieron en marcha para hacer frente a la pandemia del Covid.

La Sala de Gobierno reclama al Ministerio que impulse una reforma legislativa para modificar el artículo 64 de la ley de la jurisdicción Contencioso-Administrativa, para que los juzgados o tribunales puedan suspender causas que presentan identidad jurídica con recursos pendientes de casación ante el Supremo, y hasta que el alto tribunal se pronuncie al respecto. Se trata de evitar que los juzgados y tribunales dicten sentencias que puedan resultar contrarias a la decisión que en el futuro pueda adoptar el Tribunal Supremo, en aras de una mayor seguridad jurídica.

Un segundo aspecto de la reforma propuesta afecta a la labor de la sección de admisión de recursos para que cuando detecte un gran número de ellos que planteen una cuestión jurídica sustancialmente igual puedan acordar la admisión de uno o varios de ellos, suspendiendo el trámite de admisión de los demás hasta que se dicte sentencia en los primeros. Se trataría, como ya explicó en su primer escrito, de un mecanismo similar a la tramitación de los denominados «procedimientos testigos» que permitirá dar una respuesta más ágil ante la entrada de un gran número de recursos sobre una misma cuestión.

Para afrontar la entrada de los litigios de responsabilidad patrimonial del Estado derivada de medidas Covid, en enero se solicitó también al Ministerio de Justicia que dotase a la Sala de una nueva Secretaría, con un letrado/a de la Administración de Justicia y el personal funcionario adecuado, así como la dotación de al menos tres plazas de letrados coordinadores en el Gabinete Técnico del tribunal para ser provistas por magistrados del orden jurisdiccional contencioso-administrativo.