Los servicios antiterroristas alertan de que la ley actual es ineficaz contra el yihad

Las fuentes consultadas afirman que de entre las muchas lecciones que se pueden extraer del 11-M hay una evidente: la actual legislación, satisfactoria para combatir el terrorismo etarra, no es un arma eficaz para luchar contra el yihadista. Y, por ello, lamentan que cuatro años y medio después no se haya cambiado ni una coma de la ley, pese a que el Gobierno ha sido informado de esta laguna.

Manos a la obra

Parece que es ahora cuando Ejecutivo y oposición se han puesto manos a la obra. Aunque las comparaciones suelen ser odiosas, los medios informantes señalan que la inactividad de los últimos años recuerda al destino que tuvo el informe de las «amenazas de Al Qaida», previo al 11-M: un cajón de Interior y otro de la Fiscalía de la Audiencia. Luego llegaron los reproches. El primero lo lanzó el ex ministro Alonso, que acusó a su antecesor, Ángel Acebes, de «imprevisión».

Hartos del lodazal que sobre el 11-M montaron los políticos, los medios consultados consideran clave que la futura reforma del Código Penal amplíe los tipos de tal manera que encajen en ellos los actos preparatorios de una acción terrorista. Y en este contexto consideran imprescindible que se sancione como delito, al igual que ocurre con la pornografía infantil, la difusión de propaganda yihadista a través de internet. Lo valoran porque con este castigo se estaría haciendo frente a dos cuestiones clave en del terror islamista: el adoctrinamiento y el reclutamiento de «combatientes». Se trata de dos denominadores comunes de las redes yihadistas, como viene quedando de manifiesto en las tramas desarticuladas.

Y es que Al Qaida ha instalado internet en el centro de su estrategia global y es cada vez más dependiente de la red para sus operaciones y supervivencia. Se calcula que utiliza aproximadamente 5.600 sitios web y 900 nuevos aparecen cada año. Para los especialistas, «la inducción en este tipo de terrorismo está en internet».

Además subrayan que el concepto de organización terrorista que se aplica a ETA no es extensible a las redes islamistas, ya que dos de sus características son la ausencia de estructura y jerarquía. Botón de muestra es la célula del 11-M que, aunque tenía un emir -Serhane «el Tunecino»- carecía de distribución interna por «aparatos» -como es el caso de ETA- y de activistas adscritos a cada uno de ellos.

Delincuentes y terroristas

A esta peculiaridad se une el entroncamiento de las redes yihadistas con la delincuencia común. Para su supervivencia, estos grupos se abastecen del tráfico de drogas, clonación de tarjetas de crédito y robos, estableciendo así una transparente línea divisoria entre sus actividades terroristas y de delincuencia, lo que tiene una incidencia directa, entre otros aspectos, en la valoración de las pruebas por los jueces.

El «escaso acerbo probatorio» es una permanente queja entre los jueces que, lejos de cuestionar el trabajo de los investigadores, reconocen que la ley española es insuficiente para hacer frente a las «actuaciones policiales tempranas» -la mayoría de las que se realizan-. Por esta singularidad y por la idiosincrasia del terrorismo yihadista, los agentes no pueden hacerse con tantos elementos de prueba como en otras investigaciones. En definitiva, se encuentran con «hechos que no encajan en los tipos penales».

Viendo que Gobierno y oposición empiezan ahora a abordar este asunto, especialistas antiterroristas ponen como ejemplo al Reino Unido, donde se han acometido reformas legales que «encajan a la perfección» con las singularidades del fenómeno yihadista. Además recuerdan que la presencia de Al Qaida en el norte de África es «muy real» y son pocos los kilómetros que separan esas costas de las españolas.