Sentencia del caso Nóos: Debate jurídico, crispación social

En buena parte de la opinión pública se había instalado la sensación de que las condenas impuestas a los exsocios del Instituto Nóos conllevarían su inmediato ingreso en prisión. El fiscal, tan señalado por su firme decisión de no acusar a la Infanta –al final su criterio es el que sostiene el tribunal en su sentencia–, decidió nada más conocer la sentencia solicitar la vistilla de medidas cautelares. Como él mismo explicó en la entrevista concedida a ABC, «con criterio general» Anticorrupción pide prisión provisional para los condenados a más de cinco años, aunque advertía de que «hay que aquilatar esa norma a cada caso particular». Así ha sucedido ahora.

Pedro Horrach ha estado madurando todo este tiempo su petición . Ha escuchado a algunos de sus más próximos y solo el miércoles comunicó su decisión a la teniente fiscal de Anticorrupción, Belén Suárez, aún hoy en funciones de fiscal jefe, mediante un whatshapp. La respuesta que recibió fue que era razonable.

Sin embargo, el fiscal ya sabía que era muy complicado que su criterio fuera atendido por la Sala. Sobre todo porque no podía alegar dos cuestiones muy importantes: en primer lugar que hubiera un riesgo importante de fuga –se tuvo que conformar con una alusión genérica a él– y en segundo término porque la alarma social ya no es un criterio para solicitar esa medida. «Afortunadamente –dicen fuentes judiciales consultadas por ABC–, porque al final solo se apreciaba si los medios de comunicación alentaban el debate mediante juicios paralelos que son siempre perniciosos ».

Sin embargo, el fiscal tenía que pedir prisión, ya fuera con fianza o no, por coherencia con su posición en todo el procedimiento. Si los dos principales acusados del caso Nóos han sido condenados, y además se va a recurrir al Supremo para que también se considere delictiva toda la trama valenciana en la que ellos intervinieron igualmente, lo que les podría causar un aumento de la pena, resulta lógico pedir esas medidas cautelares.

Igualmente la estrategia de las defensas en el sentido de que no hay riesgo de fuga, ni de destrucción de pruebas ni de reiteración delictiva es perfectamente normal, lo mismo que la decisión de la Sala de acoger los criterios de los abogados en lugar de los de las acusaciones. En definitiva, cada uno ha jugado su papel en el procedimiento de acuerdo con sus puntos de vista.

El ministerio fiscal, a pesar de que no se han atendido sus peticiones, considera correctas las argumentaciones del tribunal aunque no comparta su decisión y no tiene previsto recurrir el auto salvo sorpresa de última hora. Se centrará en preparar el recurso.

En las redes sociales, mientras, el debate se ha disparado y se vuelve a ver supuestos tratos de favor. En este caso no del fiscal, claro, sino del sistema judicial. Lo cierto es que parece que ha llegado un momento en que el ciudadano solo cree que se ha hecho justicia si las decisiones de los jueces y fiscales coinciden con lo que piensa cada uno. En caso contrario, se alientan teorías conspirativas.