De Nanclares de Oca a Zaballa por la justicia de las víctimas de ETA

La decisión del Ejecutivo de Mariano Rajoy de conceder el tercer grado al preso de ETA Uribetxebarria Bolinaga ha abierto la brecha entre el Gobierno y las víctimas del terrorismo, que le exigen que no realice ninguna concesión ante los presos de la organización terrorista.

La AVT mostrará este malestar el sábado a las puertas de la prisión de Zaballa , a la que llegará después de partir desde la antigua cárcel de Nanclares de Oca y tras atravesar el pueblo del mismo nombre para invitar a sus habitantes a que se sumen a la marcha que estará encabezada por la presidenta de la asociación, Ángeles Pedraza .

La cárcel de Zaballa es donde se agrupan cerca de una veintena de presos disidentes de ETA de la denominada «Vía Nanclares», que recibe este nombre por la prisión situada en la localidad alavesa de Nanclares de Oca donde hasta hace meses se recluía a estos internos.

La AVT impulsó estas «Marchas por la Justicia» con el objetivo de entregar a los directores de las prisiones una carta pidiendo respeto para las víctimas de ETA y entregarles un ejemplar del libro 'Vidas Rotas', que recoge todos los atentados mortales de la organización terrorista, para que lo incluyan en la biblioteca de la cárcel.

Mientras, las plataformas Voces contra el Terrorismo y Mujeres por la Justicia se concentrarán ante las puertas del Ministerio del Interior para protestar contra lo que considera «cesiones» a ETA a través de los presos de la banda. Alcaraz cree que la actual política penitenciaria del Ejecutivo «no tiene nada que ver» con la que aplicó José María Aznar durante sus años de mandato ni con la que el PP defendió en la oposición.

La concentración, que tendrá lugar el sábado a las 13.00 horas, ya ha logrado el apoyo del Colectivo de Víctimas del Terrorismo del País Vasco Covite y del sindicato Manos Limpias , y pretende reunir a todos los ciudadanos que deseen mostrar al Gobierno su desacuerdo con las medidas «a favor» de los presos etarras que está adoptando. A su juicio, las decisiones sobre Bolinaga «dejan en más que claro que estamos frente a un caso más de cesión del Gobierno a la banda asesina » y demuestran que el Ejecutivo de Rajoy «está dispuesto a mantener los compromisos que adoptó el Gobierno de Zapatero en el deleznable y mal llamado proceso de paz».