Pedro Sánchez y sus socios pueden cambiar las condiciones de un referéndum sin el permiso del PP

Aunque las distintas modalidades de referéndum están recogidas en la Constitución y el Gobierno no tiene en ningún caso apoyos parlamentarios para introducir nuevos tipos de consulta sin contar con la derecha, es una ley orgánica la que regula las condiciones y el procedimiento con los que se deben llevar a cabo este tipo de votaciones populares.

Además de en todos estos casos, las comunidades autónomas y los municipios tienen potestad para poder convocar referendos en sus respectivos territorios, siempre que no contradigan la legislación nacional y, en todo caso, con la autorización del Gobierno central. En ningún caso cabe, por tanto, un referéndum de autodeterminación.

Pero entre las cuestiones que podrían modificar se encuentra la exigencia de que el presidente indique al Congreso «los términos exactos en que haya de formularse la consulta» cuando pida autorización para celebrar un referéndum consultivo.

La citada ley es la que detalla también cuál debe ser el contenido del Real Decreto de convocatoria y el procedimiento de la misma (papel de las Juntas Electorales, campañas de propaganda, reclamaciones o recursos entre otras cuestiones).

Por tanto, modificar el desarrollo legislativo de los referéndum requiere de una mayoría absoluta (176 votos a favor) que Sánchez sí obtendría con sus socios de investidura más el «sí» de ERC.

Los únicos referéndum permitidos por la Carta Magna son para consultar a la ciudadanía ante decisiones políticas «de especial trascendencia» (no vinculante y convocado por el Rey a propuesta del presidente del Gobierno con la autorización del Congreso); ratificar una reforma de la Constitución aprobada por Las Cortes; aprobar o reformar los Estatutos de autonomía del País Vasco, Cataluña, Galicia y Andalucía; o para una eventual incorporación de Navarra al País Vasco.

Fuera de ello, las autonomías y ayuntamientos pueden convocar consultas en sus territorios siempre que cuenten con la autorización del Ejecutivo y no vulneren la legislación.

La reforma de los estatutos de autonomía puede llevarse a cabo también por mayoría absoluta por lo que Pedro Sánchez podría aprovechar esta ventana para realizar concesiones a sus socios, ya que sin el acuerdo de la derecha no podrá reformar el título preliminar de la Constitución. Este precepto necesita una mayoría cualificada para ser modificado que Sánchez no alcanza ni siquiera sumando a todos los partidos independentistas y regionalistas. Sin embargo, la Constitución sí establece que los estatutos son «la norma institucional básica de cada comunidad autónoma » y que el Estado «los reconocerá y amparará como parte integrante de su ordenamiento jurídico». Asimismo, establece que estos textos contendrán, entre otras cuestiones, «las competencias asumidas dentro del marco establecido en la Constitución y las bases para el traspaso de los servicios correspondientes a las mismas». No obstante, además de la mayoría absoluta del Congreso, la reforma de un estatuto de autonomía requiere cumplir el procedimiento particular que se recoja en el mismo que, en los casos del País Vasco, Cataluña , Galicia o Andalucía, incluye la celebración de un referéndum en la comunidad correspondiente. Los estatutos también podrán recoger convenios entre distintas autonomías «para la gestión y prestación de servicios».

Una ley orgánica es la que regula también la financiación de las autonomías, sus posibles formas de colaboración o el ejercicio de sus competencias sobre los impuestos cedidos total o parcialmente por el Estado, los recargos sobre los impuestos estatales así como el resto de participaciones en los ingresos del Estado o asignaciones con cargo a los Presupuestos Generales.

Los acuerdos de cooperación entre las comunidades autónomas pueden ser aprobados con la mayoría absoluta del Congreso de los Diputados. También podrá reformarse por esta vía la distribución del Fondo de Compensación destinado a la inversión de autonomías y provincias.

Tanto el traspaso como la delegación de competencias del Estado hacia las autonomías es aprobado por el Congreso de los Diputados mediante mayoría absoluta Educación

Dentro de las leyes troncales susceptibles de cambio se encuentra también la actual Ley para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce ) aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy durante la legislatura de la mayoría absoluta y contra la que se revolvieron los socialistas, nacionalistas e independentistas. Podemos ha cargado también contra ella desde su nacimiento. Durante la última legislatura operativa los grupos parlamentarios acordaron buscar un pacto de Estado que permitiera sacar adelante una reforma por consenso, pero esta iniciativa terminó saltando por los aires. El nuevo Gobierno solo necesita ahora reeditar la mayoría simple de la investidura y sumar a ERC para poder reformarla.

El nuevo Gobierno de Sánchez también tendrá capacidad junto a sus socios para reformar las bases de la organización militar. Los criterios básicos de la Defensa Nacional y la Organización Militar también podrían ser objeto de modificación.

Las investigaciones por actuaciones de terrorismo o bandas armadas permiten suspender algunos derechos como el plazo máximo de 72 horas previsto para la detenciones preventivas, la consideración de que el domicilio es inviolable o el secreto de las comunicaciones . Todo ello se regula también mediante una ley orgánica cuya reforma solo requiere mayoría absoluta.

Las funciones, principios básicos de actuación y estatutos tanto de las Fuerzas como de los Cuerpos de Seguridad pueden modificarse también mediante mayoría absoluta. En este ámbito la reforma de la actual Ley de Seguridad Ciudadana aprobada durante la primera legislatura de Mariano Rajoy es uno de los compromisos del nuevo Ejecutivo de coalición y para hacerlo realidad contará con total seguridad con el apoyo de sus socios de investidura. Los trabajos de reforma arrancaron ya durante la última legislatura operativa y están muy avanzados en lo que la izquierda considera los aspectos más lesivos de la ley.

La co ordinación y demás facultades de las autonomías sobre las distintas policías locales también se regula mediante ley orgánica, incluyendo la creación de este tipo de cuerpos.

La regulación de los estados de alarma, excepción y sitio, así como las competencias y limitaciones derivadas de ellos vienen definidas en la Ley Orgánica 4/1981. Vox instó al Gobierno a hacer uso de ella ante los violentos disturbios que recorrieron Cataluña tras la condena a los líderes del procès.

Aunque la separación de poderes se encuentra en la base de la democracia, es lógicamente el poder legislativo el que dicta el funcionamiento y gobierno de los juzgados y tribunales. En nuestro país esta regulación se realiza mediante ley orgánica al igual que los estatutos de los jueces y magistrados de carrera, o del personal de la Administración de Justicia.

La renovación del Consejo General del Poder Judicial requiere una mayoría cualificada pero al igual que sucede con otras instituciones democráticas su funcionamiento interno puede modificarse mediante mayoría absoluta. Son leyes orgánicas las que regulan el estatuto de esta institución, su régimen de incompatibilidades, funciones, nombramientos o código disciplinario . Por el mismo sistema se regula el nombramiento de los doce miembros del Consejo General del Poder Judicial, que no son nombrados a propuesta del Congreso y del Senado.

La competencia del Tribunal Constitucional, su funcionamiento, el estatuto de sus miembros, el procedimiento y condiciones para el ejercicio de sus acciones son reformables mediante mayoría absoluta.

Las tipificaciones del Código Penal se modifican igualmente por mayoría absoluta. Reformas polémicas de este cuerpo legislativo que la izquierda tiene en mente son la derogación de la prisión permanente revisable o la rebaja del delito de sedición. Estaban pendientes la penalización de la convocatoria de referendos ilegales o la reforma del delito de rebelión para englobar procesos como el procès de Cataluña que ahora Sánchez ya no llevará a cabo.

La Ley Orgánica del Régimen Electoral regula los comicios al Congreso y al Senado así como el reparto de la representación según el Sistema D'Hont .

La autorización de tratados que atribuyan competencias derivadas de la Constitución a una organización o institución internacional se regulan de nuevo mediante una ley orgánica. Fue el caso, por ejemplo, de la adhesión de España a las Comunidades Europeas. Con la mayoría absoluta de ambas Cámaras se podrán aprobar tratados de carácter político, militar, que afecten a la integridad territorial del Estado o a los derechos y deberes fundamentales, impliquen obligaciones financieras para la Hacienda Pública , supongan modificación o derogación de alguna ley o exijan medidas legislativas para su ejecución.

La composición y competencias del Consejo de Estado , así como la organización y funciones del Tribunal de Cuentas o del Defensor del Pueblo vienen regulados por leyes orgánicas.

Desde hace varias legislaturas, los grupos políticos reconocen la necesidad de una reforma del Reglamento del Congreso para cubrir lagunas y actualizarlo a las nuevas necesidades. Aunque solo se requiere mayoría absoluta para introducir reformas , la intención ha sido siempre que los cambios fueran por consenso. Sin embargo, los últimos intentos saltaron por los aires ante la exigencia de los independentistas de introducir el catalán como lengua aceptada en los debates al mismo nivel que el castellano. La mayoría de izquierdas de la Cámara tiene ahora capacidad para introducir cambios en el Reglamento de la mano de sus socios secesionistas.

La Constitución establece que las abdicaciones, renuncias «y cualquier duda de hecho o de derecho que ocurra en el orden de sucesión a la Corona» serán resueltas por una ley orgánica.Obviamente, no hay previsión de nada de ello en este momento, pero la abdicación de Don Juan Carlos podría haber tenido consecuencias distintas si en lugar de encontrarse Mariano Rajoy en el Gobierno lo hubiera estado Pedro Sánchez junto a sus socios actuales.

La autorización para la constitución de autonomías uniprovinciales cuando un territorio no reúne las características históricas, culturales y económicas comunes a sus provincias limítrofes se regula mediante ley orgánica.