Sánchez explora los límites de la Declaración de Granada sin aportar grandes novedades

Y es que comparando los 22 folios de texto de aquel cónclave pilotado por Alfredo Pérez Rubalca y las apenas seis de la propuesta presentada hoy bien podría decirse que estamos ante un resumen. Sánchez con esto lanza un mensaje. Y es que su gran cambio en política territorial ya lo dio en las primarias y se plasmó en las resoluciones del 39 Congreso: apostar por el «perfeccionamiento» del carácter plurinacional del Estado, que según defienden ahora de forma oficial los socialistas ya está apuntado en el artículo 2 de la Constitución.

Pero en este nuevo documento no hay ninguna pista respecto a cómo se abordará ese reconocimiento. Los socialistas apostaban en los dictámenes de su último Congreso por «desarrollar» el Estado Federal mediante «la revisión del Título VIII» . Tocar el artículo 2 no genera consenso en el PSOE, por mucho que la estrategia de comunicación esté pasando desde la victoria en las primarias por insistir en su rechazo al referéndum y defender que la soberanía reside en el conjunto del pueblo español. A eso se refería Susana Díaz cuando tras su derrota evitaba contestar a las preguntas de si se sentía cómoda con el reconocimiento de la plurinacionalidad y ella planteaba: «me siento cómoda con el artículo 2 de la constitución».”

Esta mañana Miquel Iceta reconocía que la falta de una propuesta concreta es claramente intencionada: «No sería correcto cerrarnos en una única posición. Hay muchas maneras de reconocer ese carácter plurinacional» , y apuntaba a que la necesaria negociación con otros partidos obliga a «no cerrarnos a ninguna propuesta».

N0 hay grandes novedades respecto a Granada, más allá de la voluntad de negociar las 46 demandas planteadas por Puigdemont a Rajoy (salvo el referéndum) que por entonces no existían. Ya en 2013 el PSOE apostó por incluir en su documento estratégico el reconocimiento de las «diversas aspiraciones nacionales». Así quedaba redactado: «Creemos que en el federalismo se ubican las mejores soluciones para reconocer, respetar e integrar las diversas aspiraciones nacionales que conviven en España».

En la propuesta de la nueva Declaración de Barcelona la redacción no profundiza más, aunque sí queda claro que este reconocimiento debe plasmarse en la reforma constitucional. Así, queda claro que «el reconocimiento de las aspiraciones nacionales de Cataluña» se contempla como «una de las cuatro grandes cuestiones» que debe contemplar una reforma de la Carta Magna.

La «oferta política», como se define el documento, no da más pasos es materia de financiación. Incide en la necesidad de abordar esta negociación, pero no plantea ninguna propuesta novedosa: «defenderemos la propuesta de financiación contenida en los Acuerdos de Granada». Ya en la Declaración de Granada Alfredo Pérez Rubalcaba logró incluir un párrafo en el apartado de la financiación en el que hablaba del principio de ordinalidad en el sistema, es decir que la solidaridad interterritorial no coloque «en peor condición relativa de quien contribuye respecto a quien se beneficie». El documento del reciente 39 Congreso incide en la misma idea. Una premisa que agrada a las regiones que más recursos aportan, pero que no gusta en las que menos.

Tampoco es novedosa la voluntad del PSOE por desarrollar algunas normas que permitan poner en marcha algunos de las cuestiones recogidas en el Estatut y que fueron suspendidas por el Tribunal Constitucional. Se refiere a aquellas que lo fueron por una cuestión de forma, al entender el TC que su desarrollo era más conveniente llevarlo a cabo en sus correspondientes leyes orgánicas.

Es el caso de la propuesta que hacen los socialsitas para reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial para constituir un Consejo de Justicia de Cataluña «configurándolo como una una instancia desconcentrada del propio Consejo General del Poder Judicial». Miquel Iceta ha tomado rápidamente la palabra esta mañana para explicar que nada de novedad, que aquello ya se contemplaba en 2013. Así aparecía redactado en el documento de hace cuatro años, que Iceta se ha preocupado esta mañana de recitar de principio a fin: «Puede ser conveniente una cierta territorialización del sistema de gobierno del Poder Judicial (respetando su carácter de poder único y exclusivo del Estado), en el sentido apuntado por la dilatada experiencia de las salas de gobierno de los Tribunales Superiores de Justicia. Ellas serían el mejor foro en el que desconcentrar determinadas deliberaciones y decisiones que no afectan al núcleo fundamental de las funciones del CGPJ y serán también el mejor órgano desde el que coordinar la gestión de la Administración de Justicia y las diferentes Administraciones políticas con responsabilidad en ella». Bajo la protección de Granada Sánchez está a salvo. Al menos del fuego amigo .