Sánchez calla ante la crisis de Canarias y se escuda en Europa y la ONU

El terreno lo allanó Marlaska, quien desde Marruecos advirtió de que no se iban a realizar traslados desde Canarias hasta otros puntos de la Península, como propusieron las autoridades insulares, y pese a que numerosas regiones se habían ofrecido para echar una mano. Tras despachar con su homólogo, Abdelouafi Laftit, Marlaska no dio detalles sobre acuerdos concretos alcanzados con el Reino alauí, aunque sí corresponsabilizó a la Unión Europea a la hora de encontrar una solución: «La política migratoria es [una cuestión] del conjunto de la Unión Europea, no sólo española. Esto hay que ponerlo en valor».

El siguiente paso lo dio el ministro Escrivá, que después de los sucesos de esta semana en el muelle de Arguineguín, acudió a Gran Canaria para intentar calmar los ánimos junto al titular de Transportes, José Luis Ábalos. Y continuó por el camino que abrió Marlaska. El titular de Migraciones prometió que las Islas tendrían, en el espacio de tiempo más corto posible, hasta 7.000 plazas de acogida para inmigrantes en situación irregular. Hasta entonces, el Gobierno instalará siete campamentos que tendrán capacidad para 5.900 personas. Se calcula que ya hay unos 6.000 «sin papeles» realojados en hoteles canarios que tendrían que ser derivados bajo las carpas. Las cuentas, si llegan más pateras, no salen.

Escrivá, al anunciar este plan, aseguró también que el 90 por ciento de los inmigrantes que han llegado en patera a Canarias durante esta crisis son susceptibles de ser repatriados a sus países de origen. En la misma línea ahondó Marlaska, quien advirtió que la única salida para aquellos inmigrantes irregulares que después de ser identificados no puedan recibir protección es la devolución. Cabe matizar, ante el optimismo de Escrivá, que estos procesos no son tan sencillos , bien porque no se pueda identificar el país de origen del inmigrante -emplean documentación o nombres falsos para evitarlo- o bien porque el propio país no acepte la devolución.

Ante la posibilidad de que las pateras continúen llegando, si Marruecos no vuelve a intensificar sus controles, miles de inmigrantes podrían encontrarse «atrapados» , en primer término en las Islas y en segundo en estos campamentos, por tiempo indefinido. O al menos hasta que se adecuen los siete espacios donde estarán los centros de acogida: el CATE de Barranco Seco, el Colegio León, Canarias 50 y la nave cedida por Bankia en Las Palmas (Gran Canaria), Las Canteras y Las Raíces (en Tenerife) y El Matorral (Fuerteventura).

Y como devolver a estas personas a sus países de origen no será nada fácil, la ministra de Exteriores, González Laya, recurrió ayer a la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y al Alto Comisionado de la ONU. Laya solicitó el respaldo de ambas instituciones y el apoyo a España en los procesos de repatriación, pese a que este problema se ha ido alimentando durante meses hasta que ha explotado ahora, momento en el que Gobierno ha intervenido -Sánchez sigue sin hacerlo- al estrellarse contra la situación caótica.

Marlaska, al terminar su reunión en Marruecos, admitió estar satisfecho con el resultado. De hecho, incluso se permitió ahondar en la brecha que divide a los dos partidos con presencia en el Consejo de Ministros al manifestar la sintonía con Rabat. «Es un socio absolutamente cercano, un país amigo y un socio relevante para nosotros», reiteró sobre el país africano, del que dependerá en buena medida que el polvorín en Canarias no se agrave. Cuanto más sobrecargadas estén las nuevas carpas prometidas por el Gobierno más riesgo hay de repetir las escenas de los conocidos como «campamentos de la vergüenza».