Más de 50.000 agentes de Policía y Guardia Civil critican la «descoordinación ministerial» ante la crisis migratoria

Ante un incremento del 1.000% en la llegada de inmigrantes a las Islas Canarias con respecto al mismo periodo de 2019, ambos sindicatos aseguran que llevan «años denunciando las carencias del actual modelo policial por la inacción de los órganos llamados a ejercer su responsabilidad de dirección y supervisión». Hablan directamente de una «dejación de funciones» ante «un drama de enorme magnitud que claramente desborda la pobre estructura policial, asistencial y social» con la que cuentan ambos Cuerpos.

El comunicado recuerda que son tres —el titular de Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá ; la de Política Territorial, Carolina Darias , y el de Interior, Fernando Grande-Marlaska — los ministros que han acudido a la isla de Gran Canaria, en cuyo muelle de Arguineguín se hacinan gran parte de los inmigrantes, «sin que el Gobierno de España haya puesto solución al problema». Solo este jueves, según ambos sindicatos, pernoctaron en ese lugar —del que ABC ha difundido este viernes una foto en exclusiva— unas 1.920 personas, pero la cifra ha llegado a alcanzar las 2.500.

El martes, cuando se rescató del mar a 600 personas, 200 inmigrantes fueron desalojados del campamento improvisado y el Ayuntamiento de Mogán (municipio del que depende Arguineguín) respondió fletando autobuses y trasladándolos hasta las inmediaciones de la Delegación del Gobierno y el Consulado de Marruecos en Las Palmas de Gran Canaria. Este «nuevo episodio de descoordinación entre instituciones» lleva a SUP y AUGC a poner de manifiesto que «para dar una solución al problema de la llegada de personas migrantes a nuestras costas en situación irregular es necesaria una respuesta global, coordinada y conjunta» .

«Ante esta situación, hay que apostar por un refuerzo de las fronteras exteriores como elemento fundamental para recuperar la confianza pública», aseguran SUP y AUGC, que recuerdan que la Agencia de Fronteras de la Unión Europea (Frontex) está poniendo en marcha su propio cuerpo policial a nivel continental, la Guardia Europea de Fronteras y Costas. Sin embargo, sostienen que «el objetivo de reducir la presión migratoria y salvaguardar los derechos humanos de los migrantes sólo podrá lograrse si se concibe como un reto al que asignar suficientes medios materiales».

Serían necesarias, por lo tanto, «inversiones de urgencia en medios de protección frente al contagio del Covid-19, vehículos, instalaciones móviles para la toma de huellas o incoación de expedientes de extranjería, refuerzo de plantillas, adquisición de medios aéreos y marítimos y potenciación de la prevención en los países de origen mediante equipos conjuntos de investigación». Un «esfuerzo real del Gobierno» para que los agentes implicados «puedan cumplir con los compromisos de España acordados por todas las instituciones de Europa».