Sánchez «asalta» el Consejo de Transparencia para frenar la investigación de sus amiguismos

La maniobra comenzó con el nombramiento de José Luis Rodríguez Álvarez como presidente del CTBG el pasado 20 de octubre. Este jurista, que fue jefe de gabinete del ministro de Justicia Francisco Caamaño y director de la Agencia de Protección de Datos durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero , acaba de fulminar la cúpula del Consejo de Transparencia que durante los últimos años había velado por el cumplimiento de la Ley 19/2013 de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, Esperanza Zambrano y Javier Amorós .

Rodríguez Álvarez destituyó el pasado día 8 a Zambrano, hasta entonces subdirectora de reclamaciones. Se trata de un departamento clave en esta institución, ya que es el encargado de resolver si la Administración, ante las solicitudes de amparo de los ciudadanos, ha de entregar la información o no, informa Enrique Delgado .

Hasta ayer también estaba planteada la salida de Javier Amorós, que asumió la dirección en funciones de la institución durante los últimos años y firmó una buena parte de las resoluciones más incómodas para el actual Gobierno. No obstante, después del estallido de la noticia, fuentes conocedoras del caso explican que la situación de este funcionario se habría replanteado para evitarse su salida . Desde el Consejo de Transparencia confirman la destitución de Zambrano y aseguran de manera oficial que Amorós seguirá en su puesto.

Tanto Zambrano como Amorós han sido fundamentales hasta el nombramiento, a finales del año pasado, de Rodríguez Álvarez. Durante su etapa al frente de la institución, aunque fuera de forma interina, no les tembló el pulso a la hora de cuestionar, siempre con argumentos legales en la mano, las maniobras opacas del Gobierno al tratar de esconder información a la ciudadanía.

Los cambios ya se están notando. Un documento que el «nuevo» Consejo de Transparencia y Buen Gobierno ha remitido a ABC demuestra que pliegan velas. Este diario publicó el pasado mes de octubre que Pedro Sánchez se había llevado de veraneo a su pandilla de juventud al Palacio de Las Marismillas, en Doñana. Las vacaciones en palacios del Estado se extendieron a La Mareta, en Lanzarote, y se produjeron los veranos de 2019 y 2020, según confirmaron a este diario varias fuentes. ABC solicitó la información a la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno, que se negó a responder. Tras recurrir al Consejo de Transparencia, la solicitud fue estimada por ser «de indudable interés público» y la reclamó a Moncloa hasta en tres ocasiones.

En la última respuesta, Presidencia decidió mofarse del Consejo de Transparencia , pues aseguró, en boca de la vicesecretaria general, Hilda Jiménez, que no saben si Pedro Sánchez invitó a sus amigos a veranear en el Palacio de Las Marismillas: «No consta».

No pueden negarlo porque es verdad, y el alto cargo firmante estaría mintiendo en un documento público, por lo que decidieron «cumplir» con el Consejo de Transparencia de este modo, diciendo que «no existen listados», pese a que tanto Pedro Sánchez como su equipo de seguridad disponen, lógicamente, de esa información.

Tras esta respuesta, datada el 30 de diciembre, ABC se puso en contacto con el Consejo de Transparencia para hacer constar que la resolución no está cumplida: «Teniendo en cuenta que entre las funciones de la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno se encuentran la organización y la seguridad de las actividades del Presidente del Gobierno, resulta totalmente inexplicable que la Vicesecretaria General de la Presidencia del Gobierno desconozca quiénes son las personas que acompañan al Presidente» .

Añadió este diario que «la presente resolución pone una vez más de manifiesto la renuencia de Presidencia del Gobierno a cumplir las resoluciones del Consejo».

El CGTB respondió el pasado 11 de enero, cuando ya se había cesado a Esperanza Zambrano y estaba decidida la salida de Javier Amorós. El documento enviado a ABC y firmado por la subdirectora general adjunta de Transparencia y Buen Gobierno, Mercedes Paja, evidencia que Moncloa ha tomado el control del CGTB: «En referencia a su correo del pasado 8 de enero (...) cabe indicar que este Consejo considera que el análisis de su disconformidad corresponde al órgano, organismo o entidad pública responsable de la tramitación de la solicitud de acceso a la información. Es por ello que con esta misma fecha se procede a su remisión a la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno para que estudie su contenido y resuelva en consecuencia». Es decir, el afectado, Moncloa, a quien se le requiere la información en resolución firme y la incumple hasta en tres veces, va a ser quien diga si ha cumplido o no.

ABC entró en contacto el pasado martes con el CTBG para preguntar al presidente por qué no toman medidas para que Presidencia cumpla sus resoluciones, pero fuentes oficiales informaron de que «no hacen declaraciones».