Sánchez agita la Memoria Histórica para incomodar al PP y arrinconar a Podemos

En ese afán, el líder socialista situó como prioridades cuestiones como la derogación de la Ley de Seguridad Ciudadana de 2015, la derogación parcial de la Reforma Laboral, la regulación del derecho a la eutanasia, el impulso de la iniciativa legislativa popular de renta mínima presentada por los sindicatos o la potenciación de la Ley de Memoria Histórica. Ya en tiempos de la gestora, el PSOE se propuso «revitalizar» la aplicación de esta ley, criticando al PP por considerar que la ha dejado en suspenso en su mayor parte.

Este último punto es uno de los símbolos que Sánchez quiere blandir en ese reforzado perfil de izquierdas. Primero porque es una cuestión que, por el legado de Rodríguez Zapatero, el PSOE no tiene dificultad en capitalizar, y segundo porque es una cuestión que causa un importante consenso en el seno del partido..

Sánchez ya presentó su reforma a comienzos de diciembre en un acto en Valencia, y el grupo parlamentario socialista la registró como proposición de ley el 14 de diciembre y apareció en el Boletín Oficial de las Cortes Generales el 22 de diciembre. Desde el grupo parlamentario se asegura que todavía no han diseñado el calendario para hacer hueco a esta proposición, con un Sánchez que estará muy volcado en las próximas semanas en la presentación de una Ley de Igualdad Laboral (lo hará el 22 de febrero).

En cualquier caso, el objetivo es impulsarla este periodo de sesiones. Con la actual configuración parlamentaria la modificación de la norma tiene prácticamente asegurada su aprobación con los votos del PSOE sumados a los de Unidos Podemos y los nacionalistas vascos y catalanes. Incluso con Ciudadanos y el PP votando en contra la Ley podría aprobarse. Y eso es mucho suponer, porque la formación de Albert Rivera ya votó a favor de una PNL de los socialistas que instaba a exhumar los restos de Franco del Valle de los Caídos.

Esa medida no tenía más desarrollo en aquel momento, pero el PSOE quiere verla cumplida y por eso es una de las iniciativas que incorpora en la reforma de la Ley 52/2007 «por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura» , que es como se titula la norma.

El texto recoge en su propuesta de reforma que «el Valle de los Caídos se reconvertirá en un centro nacional de Memoria , impulsor de la cultura de la reconciliación, la memoria colectiva democrática y la dignificación y reconocimiento de las víctimas de la Guerra Civil Española y la Dictadura, a través de proyectos y programas culturales, museísticos y de investigación». Y también que «se procederá al traslado de los restos de Francisco Franco Bahamonde fuera del Valle de los Caídos y los de José Antonio Primo de Rivera a un lugar no preeminente del recinto o al que designe su familia».

La reforma pretende que el Estado asuma la obligación de localizar y exhumar las fosas comunes en las que se encuentran enterradas las víctimas y que estás sean de titularidad pública, haciendo obligatorio a Ayuntamientos informar de sus ubicaciones. Corresponderá a ellos «la actuación de forma directa en la recuperación de los restos de las personas desaparecidas» . Además, contempla la creación de una comisión de la verdad «de carácter no judicial con la finalidad de conocer la verdad de lo ocurrido, contribuir al esclarecimiento de las violaciones a derechos humanos».

La propuesta legislativa, que ocupa 31 páginas del BOE, prevé añadir al Código Penal un artículo 320bis en el que se dice que «la autoridad o funcionario público que (...) hubiese resuelto o votado» en contra de medidas que incumplan esta ley, o que se nieguen directamente a aplicarla, «será castigado con la pena de prisión de un año y seis meses a cuatro años» más inhabilitación para empleo o cargo público de 9 a 15 años.