Sánchez accede a crear una mesa entre Gobiernos en 15 días que consagra la bilateralidad con Cataluña

Será un espacio en el que las partes podrán exponer cualquier propuesta. El comunicado conjunto plantea que este instrumentos «actuará sin más límites que el respeto a los instrumentos y a los principios que rigen el ordenamiento jurídico democrático». En una consolidación más de que se vuelve a la retórica de Pedralbes vuelve a obviarse la mención explícita a la Constitución Española.

Esta mesa establecerá un calendario con una serie de conclusiones. Y las medidas en que se materialice lo acordado «serán sometidas a consulta de la ciudadanía en Catalunya». Esta eventual consulta en la que solo votará la ciudadanía catalana de acuerdo «con los mecanismo previstos o que puedan preverse en el marco del sistema jurídico-político». Esto último es importante porque se abre la puerta a que este mecanismo que habilite la consulta todavía no exista sino que se habilite en alguna reforma legal futura.

Este acuerdo ha sido fruto de unas conversaciones de varias semanas en las que Adriana Lastra y Gabriel Rufián fueron designados como negociadores principales pero en las que se creó un triunvirato por cada parte para alcanzar un acuerdo que permitiera a los 13 diputados de ERC abstenerse en la votación de investidura que comienza el próximo sábado. El Consell Nacional de ERC lo ha aprobado con 196 votos a favor, 3 en contra y 4 en blanco.

Según consta en el acuerdo entre ambas formaciones que se ha hecho público hoy, se parte de una base muy clara: «el reconocimiento de que existe un conflicto de naturaleza política en relación al futuro político de Catalunya». Plantean ambos partidos que partiendo de esa base «solo puede resolverse a través de cauces democráticos, mediante el diálogo, la negociación y el acuerdo, superando la judicialización del mismo».

Y esta mesa de negociación es un nuevo mecanismo al margen de los cauces institucionales previstos. El acuerdo hace referencia a que este nuevo espacio se «coordinará» con otros como la Comisión bilateral Estado-Generalitat que está contemplada en el Estatuto de Autonomía pero que a ERC no le valía porque entendía que no era el espacio para tratar «un conflicto de naturaleza política».