Rull y Turull instan al TC a que obligue al Gobierno a publicar los nombramientos de Torra

En un escrito presentado ante el órgano de garantías su defensa argumenta que el Gobierno central no puede negarse a publicar los nombramientos porque se trata de un «acto debido, que no puede rechazarse por consideraciones estrictamente políticas acerca de la oportunidad o el agrado que suscitan los nombramientos». Además, solicitan a los magistrados que decidan con «la mayor celeridad» (la misma que «cuando el Gobierno español ha solicitado al Tribunal que adoptara medidas para impedir el acceso a la investidura de determinados candidatos», dicen) y eviten así que, «con el paso de los días, los derechos políticos de los demandantes se echen a perder de modo irreversible», como ya sucedió con Jordi Sánchez.

A su juicio, las resoluciones por las que Llarena les prohíbe salir de prisión para tomar posesión de sus cargos suponen la vulneración de los derechos a libertad, a la participación directa como diputados en asuntos públicos y el acceso a cargos públicos como la presidencia de una comunidad autónoma y a un proceso con todas las garantías. Acusan al juez del Tribunal Supremo de haber «utilizado la prisión provisional para fines que son absolutamente ajenos a esta medida» y que no había razón para ordenar prisión cuando los procesados habían cumplido con las medidas cautelares impuestas (comparencias periódicas y retirada de pasaporte) mientras estuvieron en libertad. Según la defensa, es «profundamente injusto que la sustracción al procedimiento de unos (los huidos) la paguen con la prisión quienes, por el contrario, sí han acudido al llamamiento judicial».

«Llama poderosamente la atención que en diciembre de 2017 Llarena manifestara que la decisión de los demandantes de ser diputados era algo que reducía el riesgo de reiteración y de fuga, en la medida en que suponía un acatamiento de la legalidad española, y que la misma circunstancia se esgrima en marzo de 2018 como factor de riesgo de reiteración. Ello invita a pensar, por fuerza, que lo que motivó este repentino cambio de criterio es que el señor instructor considerara que el regreso del autogobierno a Cataluña bajo la presidencia de Jordi Turull era una manera desacertada de recuperar la autonomía política», señala.

La defensa solicita al Tribunal la admisión de este recurso por su especial interés constitucional, pues «nos encontramos ante un caso muy preocupante y seguramente sin parangón en la Europa contemporánea de uso de la prisión preventiva para fines que les son absolutamente ajenos, como es impedir a un diputado en plenitud de sus derechos políticos el acceso a un cargo de gobierno».