Un juez de Palma prohíbe a Ruiz-Mateos salir de España

Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Baleares, el juez también ha impuesto al empresario la obligación de comparecer periódicamente ante el juzgado. Ambas medidas habían sido solicitadas por el fiscal tras la comparecencia esta mañana de Ruiz Mateos en este juzgado, en el que se negó a declarar acogiéndose a su derecho constitucional a no hacerlo. Este mismo juez acordó la mismas medidas cautelares para sus seis hijos varones tras declarar el pasado 12 de enero.

José María Ruiz-Mateos ha acudido hoy a los juzgados de Palma en los que estaba citado a declarar por sendas estafas por la venta de dos hoteles , en uno de los cuales la jueza le había advertido de que ordenaría su detención si no comparecía en su tercera citación.

En sus dos comparecencias en los juzgados de instrucción números 3 y 9 de la capital balear, Ruiz-Mateos se ha acogido a su derecho constitucional a no declarar, por lo que tan solo ha estado una hora en la sede judicial.

A su salida de los tribunales, Ruiz-Mateos ha insistido en que no declaraba porque no cree en la Justicia y ha insistido en que no se arrepiente de nada y que lo único que ha hecho es trabajar por los demás. Pasadas las 11:15 horas, el empresario ha salido de los juzgados acompañado de su hijo y se ha marchado en un taxi.

De no haberse presenta ante el Juzgado de Instrucción número 3 de Palma José María Ruiz-Mateos hubiera sido detenido. El empresario había sido citado por tercera vez para ser interrogado en calidad de imputado por una presunta estafa de 13,9 millones de euros a Inversiones Grupo Miralles (IGM) en la compraventa de un hotel. Sin embargo, no es la única causa por la que deberá rendir cuentas a la Justicia, puesto que también este martes ha sido citado ante el Juzgado de Instrucción número 9 por otra supuesta estafa de 7,3 millones a Inversiones Insulares Radó. Después de que el pasado 12 de enero el fundador de Nueva Rumasa no compareciese por el primero de los dos casos, la jueza volvió a citar al encausado bajo el apercibimiento de que si de nuevo no se persona se ordenará su busca, detención y presentación en el Juzgado. La defensa de Ruíz-Mateos entregó a la anterior instructora una carta médica en la que exponía los motivos por los que el empresario no acudió el pasado mes de julio a su primera cita con la magistrada y que concretaba en problemas de movilidad derivados de la enfermedad de Parkinson . El empresario volvió a ser citado a declarar el 12 de enero de este año después de que el forense emitiese un informe que concluía que no existe impedimento médico alguno para que el encausado se traslade hasta la capital balear para prestar declaración. Por el contrario, sí han comparecido ante la jueza varios de sus hijos , contra los que también se dirige la querella que interpuso el Grupo Miralles y quienes han coincidido en atribuir a su padre todas las negociaciones en la compra de un hotel al Grupo Miralles, operación que habría dado lugar a la presunta estafa. Mientras tanto, el empresario jerezano ha sido citado esta misma jornada por el titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Palma, Enrique Morell, quien este mes decretó la prohibición de salir del territorio nacional y la obligación de comparecer 'apud acta' cada quince días en dependencias judiciales a los seis hijos varones de Ruiz-Mateos, a raíz de la denuncia interpuesta contra ellos por la familia mallorquina Radó por presuntos delitos de estafa, falsedad en documento mercantil y estafa procesal.

En concreto, la familia Radó estima que Nueva Rumasa le adeuda 7,34 millones de euros por la compra de las acciones que poseía en las sociedades que explotan dos hoteles 'Beverly', lo que le llevó a interponer una denuncia ante la Fiscalía de Baleares contra los Ruiz-Mateos por presunta estafa en la operación de compraventa de las dos instalaciones hoteleras. Los empresarios mallorquines sostienen que Nueva Rumasa constituyó distintas hipotecas sobre los inmuebles adquiridos al día siguiente de la operación y que los fondos que obtuvieron "no se destinaron al pago de la deuda" contraída en la operación. La denuncia fue presentada en marzo de 2011 ante el Ministerio Público, que remitió el caso a Madrid al considerar que podría involucrar a numerosos afectados si bien finalmente le fue devuelto. En el marco de esta demanda, el Juzgado de Primera Instancia número 57 de Madrid decretó el embargo preventivo de siete fincas propiedad de Nueva Rumasa solicitado por Inversiones Insulares Radó.