Las respuestas de las comunidades al anuncio de Sánchez de no ampliar el estado de alarma

Los presidentes de las comunidades autónomas anuncian diferentes respuestas, una vez se ejecute el fin del estado de alarma:

La Junta es partidaria de prorrogar un mes más el estado de alarma por el coronavirus . Juanma Moreno ha señalado que la alternativa estará en una legislación. Moreno cree que la mejor solución pasada la fecha del 8 de mayo no es el estado de alarma, sino una normativa que permitiera a las comunidades la gestión de la pandemia. Que les permita «limitar la movilidad y la actividad».

En Baleares, el anuncio de Pedro Sánchez choca de lleno con la desescalada lenta prevista por el Ejecutivo regional de Francina Armengol, quien reivindica que «es fundamental que las comunidades tengan las herramientas para poder controlar la pandemia y evitar contagios» , incluida la potestad de mantener un toque nocturno como el actual de 22 a 6 horas.

Los servicios jurídicos del Govern ya están estudiando estas herramientas para poder tomar medidas «contundentes» si finalmente finaliza el estado de alarma el próximo 9 de mayo. La presidenta ha eludido avanzar qué decisiones adoptará a partir de esa fecha y aboga, de momento, por un «debate sereno con el Gobierno de España».

La presidenta de Baleares sostiene la «absoluta» necesidad de «asegurar una desescalada lenta con medidas restrictivas» y espera que el Gobierno de España le dé «garantía jurídica» para seguir aplicando restricciones de movilidad a la población.

Desde el Gobierno de Castilla-La Mancha se limitan a decir que el Ejecutivo tiene «ciertas dudas, sobre todo, desde el punto de vista jurídico». El consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha, Jesús Fernández Sanz, ha dicho que «en aquellas situaciones donde se tienen que tomar decisiones que tienen que ver con los derechos fundamentales, tenemos dudas que veremos cómo se van trabajando y discutiendo».

El objetivo es tener medidas acordes «con la situación epidemiológica en la que nos encontramos en cada momento», ha destacado, reseñando que Castilla-La Mancha se encuentra «entre las tres o cuatro regiones con menor incidencia.

De momento, a partir del 10 de abril, la Comunidad vuelve a adoptar las medidas que contemplaba antes de la Semana Santa: toque de queda a la medianoche, reuniones en interiores y exteriores de locales con máximo de 6 personas y cierre perimetral de la Comunidad.

La consejera de Sanidad de Castilla y León, Verónica Casado, se mostró «sorprendida y disgustada» por la decisión de que el estado de alarma finalice el 9 de mayo. De esta forma, manifestó su total desacuerdo con el anuncio realizado por el presidente del Gobierno, que considera «precipitado», ya que «estamos iniciando una cuarta ola y no sabemos ni la intensidad ni la duración». Además, en mayo aún no estará vacunado el 70 por ciento de la población, una cuestión, según Casado, que también hay que tener muy en cuenta.

La Junta de Castilla y León ha reivindicado reiteradamente la necesidad de que el Ejecutivo de Pedro Sanchez diseñe una legislación adecuada, como una nueva ley de salud pública, que dé herramientas para poder actuar en una pandemia sin tener que recurrir al estado de alarma como única vía para adoptar determinadas medidas. El propio presidente castellano y leonés, Alfonso Fernández Mañueco, siempre ha insistido en la necesidad de que las decisiones se tomen de forma consensuada con el conjunto de comunidades y no que sea el Gobierno, como ha vuelto a ocurrir, el que actúe de forma unilateral. Además, la finalización del estado de alarma llevará a que sea cada ejecutivo autonómico el que, dentro de sus competencias, decida las restricciones que considere adecuadas. Evitar esas diferencias entre territorios es, desde hace meses, el caballo de batalla de Castilla y León que, además, apuesta por hacer una desescalada muy lenta y mantener las limitaciones hasta que exista garantía suficiente de que se ha doblegado al virus.

El presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, ha vuelto a insistir en la necesidad de convocar una conferencia de presidentes autonómicos ante el decaimiento del estado de alarma. Preguntado por ABC, Núñez Feijóo ha concretado que en ese foro, Galicia pondría sobre la mesa tres cuestiones: que el Gobierno paralice el recurso de inconstitucionalidad promovido contra la ley autonómica de salud pública; un análisis de la jurisprudencia acumulada ante decisiones de presidentes autonómicos en relación por la pandemia, en algunos casos dejadas sin efecto por los tribunales; y por último, que se acredite la previsión de vacunas, para saber cuándo se alcanzará la inmunidad de rebaño.

La Generalitat Valenciana entiende que aunque decaiga el estado de alarma existen «instrumentos legales potentes» para poder mantener algunas de las restricciones en el caso de que fuera necesario seguir manteniendo la contención de la pandemia del coronavirus. Al respecto, Ximo Puig apela a la Ley de Salud Pública como base para acordar medidas que afectarían a la actividad de sectores como el de la hostelería que el pasado año acordó el Gobierno autonómico y que contaron con el aval del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV).

La presidenta de la Comunidad de Madrid ironizó con el fin del estado de alarma. «Ha sido llegar las elecciones y mágicamente las cosas han cambiado. Ya solo falta que no nos obliguen a cerrar la Comunidad de Madrid en el Puente de Mayo porque hasta la fecha así lo han intentado siempre», dijo Ayuso. Madrid mantendrá el toque de queda a las once de la noche.