Ramón Sáez Valcárcel, el «indignado» de la judicatura

Como penalista se le considera una persona «brillante» (quedó número uno en su especialidad por encima de magistrados que hoy están en el Supremo), pero hasta su entorno más cercano reconoce que «le pierde» la carga ideológica que pone en cada una de sus sentencias. Llegó a considerar libertad de expresión el acoso de un grupo de manifestantes a diputados catalanes para impedir su acceso a la Cámara autonómica.

«Cuando los cauces de expresión y acceso al espacio público se encuentran controlados por medios de comunicación privados, cuando sectores de la sociedad tienen una gran dificultad para hacerse oír o para intervenir en el debate político y social, resulta obligado admitir cierto exceso en las libertades de expresión o manifestación si se quiere dotar de un mínimo de eficacia a la protesta y a la crítica», señalaba en aquella sentencia Valcárcel.

Toda una declaración de intenciones. Tampoco debe sorprender demasiado viniendo de un magistrado que ha llegado a asegurar que «los poderosos no necesitan derechos porque tienen privilegios» o que reconoce con absoluta naturalidad que hoy en día ya no existe esa «vieja imagen» del juez como aplicador de la ley: «Hoy los jueces tienen un amplio margen para la interpretación y probablemente es ahí donde hay que buscar las claves de determinadas decisiones». Así lo comentó en un entrevista a un medio bonaerense en uno de sus periplos por Argentina para ver cómo van las causas abiertas en ese país por los «crímenes franquistas».

Su amistad y lealtad a los postulados del juez Baltasar Garzón llevaron a Valcárcel, exvocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a propuesta de IU, a apoyar la investigación de Garzón sobre las fosas. Fue el artífice de uno de los tres votos particulares contra la decisión de la mayoría del Pleno de negar la competencia de la Audiencia Nacional para instruir esos hechos. «La ley de Amnistía no fue una ley de punto final ni de reconcialiación», llegó a asegurar el juez en aquel momento.

La abolición de los símbolos franquistas ha sido otra de sus cruzadas : «España tiene pendiente que el espacio público se adecente en el sentido de que se eliminen todos los símbolos que exaltan el crimen y a los criminales», sostuvo en relación a la investigación prohibida a Garzón. No piensa lo mismo de los símbolos que ensalzan a ETA.

El 17 de febrero de 2010 absolvió a dos acusados de colgar fotos de presos etarras en un bar de Pamplona al considerar que «una sociedad democrática no puede sofocar, impedir o censurar todo tipo de mensajes de crítica» frente a las políticas penales y penitenciarias. Su comprensión hacia los proetarras ha cosechado alabanzas en los medios de ese entorno al tomar decisiones como la absolución en bloque de 40 acusados de Segi (considerada hasta ahora cantera de ETA) o dar pávulo en un voto particular a las torturas denunciadas por dos etarras.