Mariano Rajoy, el lunes en La Moncloa
Mariano Rajoy, el lunes en La Moncloa - EFE

Rajoy valora la falta de precedentes y el impacto internacional de aplicar el 155

Ciudadanos se inclina por una aplicación «blanda» para convocar elecciones y mantener el Estatuto vigente

MadridActualizado:

Puigdemont y Junqueras tenían una plan hasta el 4 de octubre. Más allá, la pretendida e ilegal República Catalana. Sin embargo, los reveses económicos y el baño de realidad que el secesionismo está recibiendo, en forma de salida de su territorio de los principales bancos y empresas, no formaban parte de esa hoja de ruta. Y tampoco había plan b, lo que ha abierto importantes grietas entre los líderes catalanes (entre otros las de Artur Mas y el consejero, Santi Vila) que se han puesto fuera de la ley.

Por contra, en el bloque constitucinalista, compuesto por el Gobierno, Ciudadanos y en parte el PSOE, la baraja de opciones para parar el desafío son muchas. En términos jurídicos, todo está ya preparado para aplicar el artículo 155. Solo falta que Rajoy dé la orden, remiso por los nulos precedentes políticos de esta facultad que la Carta Magna pone en sus manos, y por el impacto que podría tener en la opinión pública internacional.

Tanto el presidente del Gobierno como el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, corroboraron ayer en el encuentro «discreto» que mantuvieron la necesidad de «graduar» la respuesta si el martes Carles Puigdemont aprovecha su comparecencia en el Parlament para llevar hasta el final la amenaza, declarando la independencia.

En Ciudadanos se inclinan por no suspender la Autonomía de Cataluña, aplicando un artículo 155 «blando» o «a la carta», es decir, el que permite al Gobierno hacerse cargo durante un corto periodo de tiempo de las competencias presidenciales, en manos de Puigdemont, que hagan falta para garantizar el orden constitucional. Rivera defiende asegurar para el presidente la competencia presidencial para la disolución del Parlament y la convocatoria inmediata de elecciones autonómicas. De hecho, perder las atribuciones electorales es uno de los grandes temores de Puigdemont y Junqueras, según aseguran a ABC fuentes de la antigua Convergencia. Así, argumentan en Ciudadanos que ese movimiento «dejaría al Ejecutivo autonómico en funciones, sin ninguna posibilidad de tomar decisiones importantes, confinado solo a gestionar el día a día».

No obstante, esa medida obligaría a contar también con el control de la Policía Autonómica, encargada de velar por el cumplimiento de las decisiones del Gobierno de España.

Esta opción, que podría ser aceptada aunque a regañadientes por Pedro Sánchez, en caso de que los independentistas consumen su golpe, está sobre la mesa de Moncloa, aunque ninguna otra se descarta, entre ellas una aplicación más «dura» del precepto constitucional que permite al Gobierno restituir la legalidad en un territorio español cuyo Gobierno la haya vulnerado. Sin embargo, Rajoy es informado puntualmente de la temperatura por la que pasa el llamado «procés». Tiene «la mejor información» y quiere cargarse de razones para dar cualquier paso adelante.

Oxígeno

Sabe además que los independentistas buscaban «como agua de mayo» obtener oxígeno después de la desmoralización, criticada desde la CUP, tras el abandono de corporaciones como Caixabank, Banco Sabadell, Aguas de Barcelona, Criteria, Gas Natural y al menos una decena de firmas de tamaño medio o grande.

Para el equipo de Puigdemont una «buena noticia» hubiera sido la detención el viernes del mayor de los Mossos, José Luis Trapero, para victimizarse ante la opinión pública. Por ello, Moncloa va a medir sus pasos al milímetro, consciente no obstante de que los separatistas siguen adelante con su pulso para la llamada Declaración Unilateral de Independencia (DIU).

Uno de los argumentos de Rivera para modular la respuesta a la Generalitat es su convencimiento de que en unas hipotéticas elecciones anticipadas se sustanciaría una nueva mayoría constitucionalista. Para ello, fuentes de este partido establecen como premisa fundamental que, tras los comicios, se conformara un bloque constitucionalista formado por la propia formación naranja, junto al PSC, PP y, por lo menos, la abstención de la marca de Podemos, Catalunya Sí Que es Pot, cuyo actual líder, Joan Coscubiela, se ha mostrado absolutamente contrario a la DIU.

No obstante, no descartan que la deriva nacionalista de Pablo Iglesias, y la anunciada retirada del crítico Coscubiela, abortara los planes de sumar frente a los nacionalistas. Las encuestas internas demuestran que esa nueva mayoría moderada es más que posible en Cataluña. La manifestación de hoy en Barcelona, a la que se ha sumado el PSC, ofrece «razones para la esperanza sobre el compromiso de Miquel Iceta con los constitucionalistas».