Rajoy testificará en persona en el juicio de Gürtel el 26 de julio

El presidente del tribunal, Ángel Hurtado , ha emitido un voto particular en el que apoya que la testifical debía realizarse por vídeoconferencia, como había pedido el presidente del Gobierno. Hurtado se mostró en contra en un primer momento de la necesidad de citar a Rajoy para que cuente lo que pueda aportar como testigo, igual que rechazó que testificarán otros antiguos altos cargos del Partido Popular como Rodrigo Rato, Ángel Acebes, Jaime Mayor Oreja o Javier Arenas . Sus dos colegas del tribunal, los magistrados Julio de Diego y José Ricardo de Prada , han inclinado la balanza en estas decisiones.

El auto por el que se acuerda su declaración establece que «las razones dadas ni son consistentes ni tampoco son razones que impidan al testigo acudir ante el Tribunal». El PP está siendo enjuiciado en la vista por haberse podido lucrar del dinero de la trama sin conocer los delitos.

El tribunal señala que Rajoy no comparecerá como presidente del Gobierno, sino como un ciudadano español. Así, establece que se trata de un acto que se enmarca en «la normalidad democrática y del estado de derecho». No obstante, a fin de preservar su imagen institucional, los magistrados acuerdan que testificará en estrados en lugar de hacerlo en frente del tribunal , como establece la Ley de Enjuiciamiento Criminal en relación con el resto de testigos.

El presidente del tribunal se ha opuesto a los argumentos del resto de sus otros dos colegas, y ha señalado que Mariano Rajoy debía comparecer mediante videoconferencia. Como argumenta a lo largo de su voto particular, «no puedo compartir con mis compañeros el énfasis que se pone en la circunstancia de que el testigo comparezca, no como presidente del Gobierno, sino como un ciudadano español, pues sin negar que es ciudadano español, su condición institucional no solo no debió ser obviada sino que era razón suficiente como para acudir al mecanismo de la videoconferencia».

Cabe señalar que la declaración testifical del presidente del Gobierno fue solicitada por las acusaciones populares frente al criterio de la Fiscalía Anticorrupción, que consideraba que no era «útil ni necesaria». Después de haber sido rechazada hasta en dos ocasiones por la Audiencia Nacional, finalmente accedió a ella el pasado mes de abril.