Qué pasa si el Rey no firma el indulto

Hace unos días, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se cuestionó públicamente sobre «qué va a hacer el rey de España» ante los indultos y si el Gobierno le va a hacer «cómplice de su maniobra con el independentismo». Pero, realmente, ¿tiene Felipe VI opción para decidir? ¿Puede negarse a firmarlos? El Rey no puede negarse a firmar los indultos si existe consenso en el Consejo de Ministros.

El deber de firmar la medida de gracia, si el Gobierno así la acuerda, queda establecida en el artículos 62 de la Constitución : el Rey «ejerce el derecho de gracia con arreglo a la ley, que no podrá autorizar indultos generales». Es decir, Don Felipe tendrá que firmar los indultos si así lo acuerda el Consejo de Ministros tras deliberar sobre la propuesta, la cual es expuesta por el titular de Justicia.

No obstante, la Carta Magna le exime de toda responsabilidad: «La función regia se reduce a desplegar su magistratura de influencia, pero obviamente no de forma discrecional sino previa deliberación del Consejo de Ministros, y a propuesta del titular de Justicia. Y, en todo caso, la Constitución incorpora una limitación importante: el Rey no podrá autorizar indultos generales », se explica en la web del Congreso. Esto quiere decir, que el jefe del Estado tendrá que escribir su firma en los indultos que vayan a concederse «previa deliberación» del Consejo de Ministros y al titular del Ministerio de Justicia.

Pero, ¿qué pasa si el rey se niega a firmar el indulto ? El rey no se puede negar a firmarlos y, si lo hace, tendría que abdicar . Esta contrariedad entre la voluntad del monarca y las acciones del gobierno de Sánchez nos recuerdan a cuando en 1990 el rey Balduino I de Bélgica renunció al trono durante 36 horas –una opción que no es viable en España– para no tener que firmar la primera ley que despenalizaba el aborto. Y así la ley del aborto pudo entrar en vigor, aunque sin su firma.

El Consejo de Ministros belga recurrió al a rtículo 82 de su Constitución , que acordaba que ante «la incapacidad temporal para reinar del representante de la Corona», sus poderes constitucionales quedarían de forma provisional en manos del Gabinete.